DERECHOS INDÍGENAS

"Perspectiva de dignidad y bienestar

de los Pueblos Indígenas"



Recuento de la simulación de una reforma Constitucional Indígena


En los últimos años, todos presenciamos la participación de los pueblos indígenas en la vida jurídica y política de nuestro país, impulsado sin duda por el levantamiento de los hermanos zapatistas. En este proceso abrigamos esperanzas importantes de que nuestra existencia y nuestros derechos fueran finalmente reconocidos en la Constitución, sin embargo, ninguno de los tres poderes del Estado respondió a esta expectativa, por el contrario, reafirmaron el lugar de exclusión al que tradicionalmente nos han condenado.

Considerábamos que la movilización, la profundidad de nuestras razones históricas expuestas a los legisladores y la sociedad en General en la Cámara de Diputados, y fundamentalmente el proceso de paz en Chiapas del que surgieron los Acuerdos de San Andrés, eran suficientes para esperar un trato digno de los distintos poderes del Estado. No obstante, su actitud y desempeño, no significó nada nuevo.

Así, no fue novedosa la actitud del ejecutivo frente a la propuesta de la Cocopa, pues se limitó a presentarla al Congreso de la Unión; eso y no presentarla significaba lo mismo, pues nunca fue defendido como un marco jurídico necesario para un nuevo proyecto de nación, para un cambio en el trato del Estado hacia los Pueblos Indígenas. Tampoco fue novedoso el desempeño del Congreso de la Unión, quien emitió la enmienda Constitucional violando la propia Constitución y el derecho de consulta a los pueblos indígena establecido en el artículo 6 del Convenio número 169 de la OIT.


Lo novedoso surgió de la iniciativa de las organizaciones y autoridades de nuestro Municipios, quienes decidieron acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para someter a control constitucional las irregularidades cometidas por el órgano reformador.

Sin embargo, nuevamente, no fue novedosa la actitud del Poder Judicial de nuestro país, frente a los Pueblos indígenas. Este órgano del Estado, después de negar derecho de audiencia a nuestras autoridades después de cerrar toda posibilidad de diálogo, resolvió declararse incompetente para resolver las irregularidades cometidas en el procedimiento de reforma Constitucional en materia de derechos y cultura indígena. Con esta resolución, no solo agredió a los pueblos indígenas que buscaron justicia, sino a la sociedad en general, ya que el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mina el Estado de derecho y deja al arbitrio de uno de los poderes del Estado los derechos individuales y de todo gobernado establecido en la Constitución.


De acuerdo con este criterio, el órgano reformador, en lo subsecuente puede libremente reformar cualquier precepto de la Constitución aún sin cumplir con lo establecido por el artículo 135 Constitucional; es decir, sin la mayoría calificada de los legisladores, sin consulta a las legislaturas, entre otros. Todo, sin que ningún órgano del estado lo pueda cuestionar o invalidar, pues el órgano que debiera estar encargado de ello, se ha declarado incompetente. En este sentido, puede ocurrir que tengamos un Poder ejecutivo, con mayoría en el Congreso de la Unión y que decida, por ejemplo, derogar la libertad de expresión, sin consultar a las legislaturas estatales, conforme a este criterio, no existiría ninguna instancia para invalidad o cuestionar esta reforma. Aquí la judicialización del autoritarismo.

En estas condiciones, quedan algunos aspectos que debemos reflexionar y enseñanzas que considero, orientan nuestro quehacer futuro.

¿Porqué insistir en los derechos indígenas?
Los derechos indígenas es para las comunidades y pueblos indígenas, lo que los derechos humanos para el individuo.

Con la participación de los pueblos y sus organizaciones, los derechos indígenas son hoy día, conceptos jurídico fundamentales planteados al Estado y a la sociedad como un reclamo de dignidad, de justicia, democracia y bienestar. Los derechos fundamentales del individuo tales como reconocimiento de la personalidad jurídica, libertad y propiedad, se ha trasladado a una colectividad existente en la realidad de nuestro país, los Pueblos indígenas.

Y así como hoy día no existe ninguna argumentación que proponga la anulación de las conquistas en materia de los derechos humanos o su ineficacia en la búsqueda de una sociedad mas justa y democrática, no existen argumentos para negar los derechos indígenas sino una oposición sistemática e insostenible del Estado. En la lucha por la vigencia de los derechos humanos la sociedad ha jugado un papel vital, un esfuerzo igual se requiere hoy con relación a los derechos indígenas.

En el caso de los pueblos indígenas, la construcción y la exigencia del reconocimiento Constitucional de estos derechos ha vitalizado su emergencia como sujeto y actor en la sociedad mexicana, misma que nos ha llevado a plantear un cuestionamiento al sistema jurídico, político y económico por nuestra exclusión y discriminación.

En suma, los derechos indígenas sistematizados en los Acuerdos de San Andrés, reconocidos o no en la Constitución, son un referente indispensable para la reconstitución y la autonomía de nuestras comunidades y pueblos. La resistencia y la acción concreta en las comunidades puede tener ahora denominadores comunes, el trabajo por la defensa del territorio, por la cultura y la educación, por la soberanía y seguridad alimentaria, por los sistemas jurídicos propios, por la autonomía y el desarrollo, que son los derechos fundamentales planteados en la propuesta de Reforma Constitucional de la Cocopa.

De igual modo, la acción concreta frente al estado tendrá como eje articulador cada uno de estos derechos colectivos.

Podemos afirmar lo anterior, pues en el proceso de construcción y exigencia del reconocimiento Constitucional de nuestros derechos, hemos apreciado que:


a) Los derechos indígenas nos articulan.-

LOS DERECHO INDÍGENAS, son una demanda fundamental de los Pueblos Indígena pues en torno a él han confluido autoridades, comuneros y organizaciones indígenas, mas allá de sus perspectivas y necesidades particulares. Asimismo, constituyen la columna vertebral de su participación frente al Estado y la sociedad. Este logro se ve reflejado fundamentalmente en el consenso logrado sobre los “Acuerdos de San Andrés” y la propuesta de reforma Constitucional de la COCOPA sobre derechos y cultura indígena, que hoy, sigue siendo el referente importante para los esfuerzos de reconstitución y desarrollo de los Pueblos.

b) Los derechos indígenas cuestionan el paternalismo y la asimilación a la cultura nacional.-

Los distintos derechos indígenas, son al mismo tiempo un cuestionamiento a la situación de marginación y discriminación que hemos sufrido, el rechazo a la forma tradicional en que el Gobierno enfrenta la problemática indígena y una propuesta para establecer una nueva relación con el Estado y la sociedad. El grito de “Nunca mas un México sin nosotros”, implica ese cuestionamiento, pero también la exigencia de un país verdaderamente pluricultural.

En este sentido, y ante el fracaso de la pretendida reforma Constitucional, los pueblos no están esperando mejores tiempos, sino que están orientando sus esfuerzos para plantear su existencia con su especificidad cultural y estamos trabajando para demostrar que es posible una educación intercultural, un pluralismo jurídico y un bienestar sustentado en nuestras potencialidades, que no es necesario dejar de ser indígenas para acceder a mejores condiciones de vida y a la justicia; es decir, buscamos la reconstitución y la autonomía en los hechos.

c) Los derechos indígenas proponen una sociedad mas justa y digna.- Los derechos indígenas no son una construcción teórica que se quiera establecer en las comunidades y pueblos, son la adecuación de los conceptos jurídicos occidentales a nuestra realidad, que curiosamente, cuando nos apropiamos de ellos, el Estado los pretende despojar de sus contenidos originales.

Si reflexionamos cada uno de los derechos fundamentales de los pueblos: Derecho a ser Pueblos, Derecho a la Cultura, Derecho al Territorio, Derecho a los sistemas jurídicos propios y Derecho a la Autonomía y el Desarrollo, podemos apreciar que en esencia exigen, por un lado, superar el estado de resistencia, de pobreza y discriminación y por el otro, desarrollar sus potencialidades; plantean que la democracia, la justicia y el desarrollo, no tienen una sola y única perspectiva, en el que la perspectiva indígena tenga que ser anulada.

Derechos indígenas y comunidad, la apuesta

Después del fracaso de la Reforma Constitucional sobre derechos y cultura indígena, en el que se tocaron todas las puertas del Estado, sin ningún resultado favorable, ha sido el consenso de las organizaciones y autoridades, volver a la comunidad.

De hecho, las comunidades han sido el referente inmediato para la construcción de los derechos indígenas y representa hoy día, la mejor esperanza para concretar la reconstitución y construcción de la autonomía, en los distintos niveles en que fue planteado en San Andrés.

Ahí habrá de fortalecer entre otros los cuatro pilares fundamentales de la comunidad:

a) Las Asambleas Generales, como forma del ejercicio comunal del poder, de su vitalidad, dependerá que se pueda comenzar a explorar formas de interacción y ejercicio mas allá de la comunidad, a nivel regional;

b) El territorio comunal y los proyectos de desarrollo, superando los conflictos por límites, aprovechando los recursos naturales e impulsando una agricultura sostenible y orgánica sobre la base de principios que comparten ya los comuneros. Esta actividad habrá de enfrentar seriamente las actitudes paternalistas y de individualización de la tierra, tales como procampo, oportunidades y procedecom.

c) El trabajo comunal, que de igual forma enfrenta los programas asistencialistas por los cuales se comienza a pagar a los comuneros por la realización de trabajos colectivos.

d) El disfrute comunal, como espacio indispensable para la producción y reproducción cultural. De igual modo se deberá trabajar en el fortalecimiento y el desarrollo de la lengua y la educación para hacer realidad una educación verdaderamente intercultural.

Desde luego, un aspecto central será enfrentar el conjunto de megaproyectos que se pretenden impulsar en territorios indígenas, de los que contamos con poca información; asimismo, no desarticularnos como movimiento indígena para seguir impulsando un País que tome en cuenta a los Pueblos Indígenas.

Desde los Acuerdos de San Andrés se proponía la construcción de las Autonomías a partir del fortalecimiento de la Autonomía comunitaria, municipal y regional; si bien, la actual reforma Constitucional Indígena no estableció el marco jurídico para posibilitar esta aspiración, consideramos que es posible construirlo en los hechos. Esta es la esperanza.



Hugo Aguilar Ortiz

SERvicios del Pueblo Mixe a.c.

Junio de 2003

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