BOLETINES DE PRENSA INDÍGENA

BOLETINES DE PRENSA INDÍGENA
(Información y síntesis de prensa sobre pueblos indios de Latinoamérica)

Boletín Nro. 639 29/04/06:

1. Chile: Continúa represión a Mapuches
2. Colombia: ¿A dos años de la masacre, qué ha pasado en Bahía Portete?
3. Colombia: Indígenas Barí protestan por explotación petrolera en su territorio
4. Colombia: En Telecom, el gobierno insiste en defraudar a la nación
5. Bolivia: "Escuchar el grito angustiado de las personas es justicia"



Chile: Continúa represión a Mapuches
(Por Newén Antv)
Noticias del Wajmapu. 29 de Abril.- Con represion responde el gobierno socialista de Chile a los 48 días de huelga de hambre que cumplen pu peñi ka pu lamgen, hermanos y hermanos Mapuces condenados bajo la ley de la dictadura de Pinochet. ¡Es necesaria la justicia en Chile!
Luego de una movilización en Santiago, hoy 29 de Abril, se detuvo a 14 Mapuches, entre ellos a dos menores. En Angol está tomada la cárcel por los familiares de los presos políticos Mapuches. Es necesaria la solidaridad de todos los sectores para terminar con esta actitud racista de la justicia chilena.
Por territorio, justicia y libertad. ¡Marici weu, marici weu! Diez veces demandamos la libertad de los presos políticos Mapuches.
Newén Antv, Neuquén, Puelmapu, Argentina.
»»La cárcel de Angol está ocupada.- Más de 40 familares de los presos políticos mapuches en huelga de hambre mantienen ocupada la Cárcel de Angol. Se niegan a retirarse en demanda a que la huelga sea escuchada por las autoridades y se pide la interlocución de la Iglesia. Entre ellos se encuentra Berta Quintremán.
»»Con 14 detenidos finaliza movilizacion mapuche en la Catedral de Santiago.- Hoy sabado 29 de abril, a las 11:30 hrs se desarrolló una marcha desde Ahumada con Alameda hasta la Plaza de Armas. Las organizaciones y adherentes ingresaron pacíficamente a la Catedral de Santiago, sin embrago, fuerzas especiales de Carabineros procedieron inmediatamente a disolver y reprimir de forma violenta la marcha.
Al interior de la catedral había alrededor de 100 personas. Carabineros, con autorización del cura a cargo, efectuó el desalojo del edificio. 14 hermanos fueron detenidos y golpeados duramente. En este momento, se encuentran en la 3era comisaría de Santiago y van a prodecer a constatar lesiones.
Los hermanos/as son Paul Paillafil, Axel Paillafil (menor de edad), Daniel Muñoz, Alan Paillán, Eliana Pulquillanca, Gloria Jara Pulquillanca (menor de edad), Mauricio Neculhueque, Gino Guerra, Àlvaro Rodríguez, Luis Martínez, Roberto Antezana Millanao, Jorge Vera Quintraqueo, Leonardo Contreras.
Enviado por Organización mapuche Meli Wixán Mapu•



Colombia: ¿A dos años de la masacre, qué ha pasado en Bahía Portete?
(Por Margarita Bolívar)
Tomado del periódico Actualidad Étnica, Bogotá. 28 de Abril.- El Wayúu es un pueblo indígena que vive en la Alta y Media Guajira y cuenta con 149.827 personas. La aridez de la península Guajira ha hecho de los wayúu, un pueblo seminómada que constantemente se esté movilizando en la búsqueda de pasto para sus animales. Los wayú están organizados en clanes matrilineales, en los que se agrupan las familias o parientes uterinos, es decir, los descendientes directos de la madre.
En esta sociedad indígena los padres son reemplazados por el “tío materno” (hermano mayor de la madre), quien debe responder por la educación de sus sobrinos, así como por la toma de decisiones al interior del hogar. La territorialidad está demarcada por los cementerios, pues consideran que cada persona pertenece al lugar en donde están sus muertos. Es por ello que el velorio o funeral de los muertos es uno de los eventos más importantes.
“El wayúu venera a sus muertos, que para ellos son su memoria, y nunca espera la resurrección de ellos , espera su segunda muerte que lo conducirá a Mareiwa Dios. La primera muerte se sucede físicamente a la separación del cuerpo del alma y sigue viviendo en Jipara, que viene a ser otra Guajira, habitada por los difuntos de todas las épocas.
La segunda muerte se da varios años después, cuando se hace la exhumación y se realiza un entierro secundario; los restos del difunto son trasladados a otro cementerio más antiguo, allí se mezcla con sus antepasados y se cierra el ciclo de existencia.
El segundo entierro se lleva a cabo en un cementerio antiguo, lugar que se ha llegado a considerar como la patria chica del difunto y se entiende como una entidad social autónoma, así cada familia y sus generaciones tendrán dentro de la línea uterina, un cementerio propio en tierra ajena, convirtiéndose por lo cultural en propia. Para el wayúu, luego del segundo entierro, el alma regresa a la tierra en forma de lluvia”[i][i].
En la Península existen actualmente veinticinco resguardos, de los cuales el más extenso es el de la Alta y Media Guajira, en el que viven 129.405 personas[ii][ii]. Tradicionalmente, las rutas del desierto y los puertos naturales del departamento han sido utilizados para el tráfico de mercancías, armas, droga y gasolina, constituyéndose así en uno de los lugares de disputa entre las mafias, los grupos armados al margen de la ley y diversas bandas delincuenciales.
»»Los hechos.- Hace exactamente dos años, un grupo de aproximadamente 150 paramilitares pertenecientes al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, incursionó en la localidad de Bahía Portete, municipio de Uribia en la Guajira. Los hombres vestidos con prendas militares empezaron un recorrido, casa por casa buscando a los indígenas que aparecían en la lista que llevaban.
El recorrido de los paramilitares se produjo entre el 17 y 19 de abril y como resultado de ello se produjo el asesinato de doce (12) personas, la desaparición de treinta (30) y el posterior éxodo de unos seiscientos indígenas hacia Manaure, Uribia, Maicao y Maracaibo. Sin embargo, los líderes indígenas llegaron a referirse a tres mil desplazados que se habían dirigido hacia otras localidades del departamento.
Los datos de la población desplazada distan entre si, pues la gran mayoría de los indígenas decidieron no reportar el desplazamiento temiendo posteriores represalias. Seis meses antes de la incursión, José María Barros Ipuana, alías “Chema Bala”, líder paramilitar del frente contrainsurgencia wayúu, del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia había amenazado a los indígenas de la zona, hecho que no fue denunciado por el temor de posibles represalias.
De otra parte, dos meses antes de la masacre, autoridades públicas como el Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Pública del Departamento de la Guajira fueron informadas acerca de la presencia permanente de grupos paramilitares en la zona y del riesgo que ello representaba para los indígenas de Bahía Portete.
El control absoluto de los puertos naturales para el tráfico de armas, drogas y contrabando, explica la presencia de las estructuras paramilitares de Jorge 40 en esta zona de la Guajira desde el año 2002. Según testimonios de pobladores, José María Barros, indígena wayúu, se había hecho al control de los puertos naturales, mediante un proceso de despojo de las tierras ancestrales, con el objetivo de controlar los embarques de droga hacia el exterior.
Posteriormente, Chema Bala y su familia se asociaron con las AUC, posibilitando la creación y establecimiento permanente de un grupo paramilitar en la zona. Según el informe del programa presidencial para los Derechos Humanos[iii][iii], esta alianza fue planteada por “Jorge 40” aprovechando un conflicto entre castas wayúu.
Una de las versiones planteadas inicialmente, aseguraba que las familias wayúu habían integrado la banda de los cono-conitos para enfrentar a los paramilitares y vengar la muerte de varios de sus miembros, lo cual habría desencadenado la masacre. Dicha hipótesis fue desmentida por los líderes indígenas, así como también la versión acerca del robo de 800 kilos de coca.
Las investigaciones adelantadas hasta el momento, han permitido concluir a la Fiscalía que los hechos se dieron en el contexto de un proceso permanente de despojo territorial del pueblo wayúu con el objeto de lograr el dominio absoluto del Puerto para continuar, sin obstáculo alguno, con el tráfico de drogas, armas y contrabando.
Además de ello, algunos wayúu han asegurado recientemente que la banda de los cono-conitos nunca existió y que se trató simplemente de una invención del Estado, con la cual se trató de reducir la situación a un problema interétnico. De ésta manera, la lucha de los paramilitares por la apropiación del territorio se planteó en términos de debilitar y desestabilizar al pueblo wayúu desde su cultura, para efectos de evitar procesos de resistencia, mediante los cuales pretendieran reivindicar sus derechos.
»»Situación de derechos humanos.- Muchos wayúu y algunas autoridades públicas esperaban que con la desmovilización del Bloque Norte de las AUC, al mando de Jorge 40 se resolviera el grave problema de seguridad para los indígenas de la Guajira. Sin embargo, el tema de la desmovilización del Frente Contrainsurgencia Wayúu nunca hizo parte de la agenda, por lo que este grupo armado al margen de la ley aun continúa haciendo presencia en la zona de Bahía Portete.
Según la información suministrada por algunos líderes indígenas y por autoridades públicas del departamento de la Guajira, en los últimos dos años, este grupo se ha hecho al control total de Bahía Portete, consolidando así un nuevo escenario, en el que los wayúu vuelven a ser las potenciales víctimas de sus acciones para mantener el control.
Este hecho se puso en evidencia cuando el pasado 11 de abril, la Comisión Colombiana de Juristas denunció la presencia de un grupo de entre 20 y 70 hombres armados en Bahía Portete. En ese sentido, las autoridades indígenas han señalado que a pesar de la presencia de los soldados del grupo Matamoros del Ejército Nacional, los paramilitares han venido amenazando de manera constante a la comunidad wayúu, lo cual no ha permitido el retorno de los desplazados.
En agosto de 2004, la vicepresidencia adelantó el proceso de retorno de aproximadamente noventa (90) familias que fueron incluidas en el registro de población desplazada de Acción Social en la Guajira. Sin embargo, los líderes Wayuú desmienten esta información y señalan que solamente retornaron diez (10) familias, hecho que fue confirmado por la Defensoría de la Guajira.
La atención estatal que se brindó a los desplazados ha sido uno de los aspectos más confusos en estos dos años. Mientras que los representantes de Acción Social afirman haber suministrado además de la ayuda humanitaria, otros tipos de ayudas como la entrega de unidades productivas de pesca en el 2005 a todas las familias afectadas, los indígenas afirman que la ayuda del Estado ha sido precaria y no ha involucrado a todos los afectados.
Estas consideraciones fueron expuestas por los líderes Wayuú en el marco de una reunión que se celebró hace aproximadamente un mes con Gabriel Muyuy, responsable de la Defensoría Delegada para los indígenas y las minorías étnicas. Muyuy informó a Actualidad Étnica que la oficina de Acción Social en la Guajira ya fue oficiada para que remita una evaluación de las acciones adelantadas con los desplazados de Bahía Portete y hasta el momento no han recibido ningún tipo de respuesta.
Al respecto los representantes de Acción Social manifestaron no tener conocimiento de dicha solicitud. Ante el confuso panorama de la verdadera situación de los derechos de los desplazados Wayuú, Gabriel Muyuy insistió en la urgente necesidad de convocar a una reunión interinstitucional en la que sea posible hacer una evaluación objetiva de las acciones adelantadas durante estos dos años y generar las propuestas que sean necesarias para restablecer los derechos de la población.
Luego de ese único proceso de retorno a Bahía Portete, Dilia Epinayu, una de las indígenas testigo de la masacre que había retornado fue asesinada el 13 de julio de 2005 por un grupo de paramilitares que llegaron a su casa preguntando por Moyo Pérez Uriana, su esposo.
Este hecho puso en entredicho los compromisos del gobierno en materia de seguridad, pues con ocasión del asesinato, los indígenas denunciaron que desde hacia varios meses el Ejército venía incumpliendo con la obligación de permanecer en la zona.
Además de ello, los efectivos militares que tuvieron conocimiento de la muerte de Dilia no dieron aviso a ninguna otra autoridad pública, lo cual solo fue posible hasta las seis de la tarde, cuando un familiar de la víctima pudo llegar hasta un pueblo cercano para dar a conocer la noticia.
Además se dieron a conocer algunos detalles que pusieron en evidencia posibles vínculos de la fuerza pública con los paramilitares, pues afirmaron que la fuerza pública tenía conocimiento previo de sus acciones y que ellos no iban a hacer nada para proteger a la población. A esto se suma el hecho de la declaración pública del Comandante del grupo Matamoros, confirmando la presencia de un grupo paramilitar del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el sector de Bahía Portete.
El asesinato de Dilia provocó un nuevo desplazamiento de las familias retornadas hacia la localidad de Media Luna. Los indígenas señalan que las diez familias se desplazaron, sin embargo los representantes de acción social afirmaron que solamente se desplazó el núcleo familiar de Dilia, mientras que el resto de indígenas permanecieron en la ranchería.
El hecho más reciente ocurrió el pasado 7 de abril, cuando se presentó una incursión paramilitar en la comunidad de Poroporó, municipio de Uribia en la que fue torturado y asesinado el dirigente wayúu, Álvaro Uriana. En esos mismos hechos los paramilitares lesionaron a dos mujeres, incendiaron varias viviendas y provocaron el desplazamiento de cincuenta personas entre mujeres y niños hacia el casco urbano del municipio de Uribia.
Al día siguiente y luego de recibir ayuda humanitaria por parte de Acción Social, los indígenas retornaron a la comunidad en compañía del Ejército.
La base de datos de la Fundación Hemera reporta, que entre el 18 de abril de 2004 y el 18 de abril de 2006, se han registrado 16 casos de afectación de derechos fundamentales del pueblo wayúu, en los que han resultado afectadas 3759 personas, de las cuales 70 corresponden a casos en que ha sido posible individualizar a las víctimas y el resto corresponden a casos colectivos, en donde la individualización es complicada.
Cabe aclarar que estas cifras solo se refieren a los casos que han sido denunciados públicamente por las organizaciones indígenas y de derechos humanos, pues el control absoluto que ejercen los paramilitares ha provocado un temor generalizado que impide que los casos salgan a la luz pública. http://www.etniasdecolombia.org/actualidadetnica/detalle.asp?cid=3471•



Colombia: Indígenas Barí protestan por explotación petrolera en su territorio
(Por Claudia Grajales)
Tomado del periódico Actualidad Étnica, Bogotá. 28 de Abril.- Con los arcos y flechas con los que cazan al pájaro Pakuiri, el oso hormiguero y la guacamaya, llegaron, procedentes del Catatumbo, (Norte de Santander), en donde la temperatura alcanza los 30 grados centígrados, a la fría ciudad de Bogotá. Alrededor de 30 indígenas barí, que en lengua significa gente, tuvieron que viajar por tierra, durante casi 24 horas para hacerse escuchar.
Los abuelos, entre los que había cuatro caciques, hombres, mujeres y niños se apostaron frente a las instalaciones de Ecopetrol y luego en las puertas del Ministerio del Medio Ambiente para exigir una respuesta ante la aprobación de la licencia de exploración y explotación del pozo petrolero Álamo I.
Ayer, después de la presentación del informe final de la comisión de verificación y acompañamiento al pueblo barí, que se llevara a cabo entre el 17 y el 21 de febrero de este año, caminaron bajo la pertinaz lluvia bogotana, llevando a cuestas sus profundas convicciones y la firmeza de sus argumentos. Algunos se detuvieron momentáneamente a ver a esas personas, que aunque colombianos pasan por ser exóticos visitantes como los muchos que llegan a la capital.
Nadie, excepto los indígenas mismos, entendió el intrincado mensaje, pero consideran que se trata de una manifestación más y pasan de largo. Otros más movidos por el interés que por la curiosidad se unieron al grupo y los acompañaron en su recorrido hasta el Ministerio del Medio Ambiente. Así que al mediodía, cuando de las oficinas la gente sale apresurada a almorzar, los barí cantaron sus cantos:
“El hombre bari hace parte de la naturaleza y uno hace parte de ella; sin territorio no ha barí, sin el barí no se conserva el territorio”.
Para la mayoría, esta era la primera vez que salían de su territorio, pues los barí han luchado desde los tiempos de la conquista por conservar su autonomía y cultura, a costa incluso del aislamiento. Así lograron resistir cinco siglos a la “pacificación”.
Pero cansados ya de la vulneración de sus derechos, el desconocimiento de su autonomía, la indiferencia del estado, decidieron tomar sus esteras y canastos, salir de sus bohíos y plantarse frente a los muros de concreto de las entidades que hoy por hoy representan la extinción de su pueblo.
Hace 80 años, cuando se hicieron las primeras explotaciones petroleras, ahí sí, con arcos y flechas, le hicieron frente a las multinacionales y al gobierno, que bajo la Concesión Barco terminaron por diezmar su población a tan sólo los 3.000 que existen hoy, y reducir su territorio en un 90%.
Los baíi que en tiempos prehispánicos “ocupaban un extenso territorio desde los Andes venezolanos hasta la Serranía de Perijá”[1], actualmente no pueden desplazarse libres por las tierras de sus ancestros, cazar, pescar o llevar a cabo sus rituales, sin el temor del “…accionar del Ejército Nacional que custodia una amplia zona del Proyecto en cumplimiento del mandato de prestar seguridad a la infraestructura y bienes de la empresa Ecopetrol”[2].
Así lo pudo confirmar la Comisión de acompañamiento al pueblo indígena Motilón Barí, quienes afirmaron haber sido “…recibidos, durante la visita de verificación, con disparos provenientes de arma de largo alcance, de la fuerza pública, cuando nos acercábamos al pozo, y estando a menos de 10 metros de distancia de quien hizo el disparo, el día 19 de febrero”.
Y es que el pozo que Ecopetrol pretender explotar, se encuentra en Socbacayra, una encrucijada de caminos nativos, lugar de paso y comunicación, en que “…reposan los ancestros y en el que habita el barí de los Ojos Limpios, sitio sagrado dentro de la cosmovisión del barí que les suministra generosamente su alimento mediante el desarrollo de actividades como la caza y la pesca”[3].
“Antes éramos guerreros y matábamos, pero ahora no, y el gobierno sí. Ahora nos acogemos a lo que diga el gobierno, pero el gobierno no cumple lo que dice. La ley no sirve. ¿Si la ley dice que somos colombianos, por qué no nos tratan como colombianos?, ¿si somos colombianos, porque no nos respetan? Yo quiero que nos dejen quietos, que no se metan más con nosotros.
Ya nos han corrido mucho, antes estábamos en Cúcuta, y ahora nos quieren correr más”. Sí nos han corrido tanto, nosotros también podemos venir a Bogotá y contar lo que está pasando”, dice Aquelaxana Aysmmiraba, uno de los caciques barí que viven en las 23 comunidades ubicadas en los Municipios de El Tarra, Teorema, Tibú, Convención y El Carmen, en Norte de Santander.
Ante la mirada incrédula de quienes regresaban de su descanso aún con un palillo entre los dientes, y que gracias a los barí, esa noche podrían contar algo diferente en sus rutinarios días de funcionarios públicos, continuaron las exigencias de este pueblo indígena, que en la colonia eran conocidos como motilones porque usaban el pelo cortado también de manera homogénea.
En lengua barí y en español, le preguntaron a la Ministra de Medio Ambiente y a quienes otorgan las licencias, por qué razón no les han enseñado el seguimiento que se está haciendo a la licencia ambiental, solicitud que también hicieron a través de un derecho de petición.
Ashcayra Arabadora Acrora, delegado del Consejo Autónomo de Caciques Barí y vocero de la Asociación Comunidad Motilón Barí de Colombia, ASOCBARI, les recordó a los transeúntes indiferentes y a los funcionarios del ministerio, que ahora eran 30 barí, los que estaban frente a sus instalaciones, pero mañana, podrían ser 3.000.
Quizás estas últimas palabras fueron las que finalmente motivaron a los representantes del Ministerio del Medio Ambiente para que salieran a recibir a los indígenas. Sobre las 2:45 p.m., y después de tan sólo haber cesado en los cantos para calmar el hambre, el Secretario General de Ministerio, Ancizar Silva Robayo, los invitó a entrar y hablar con el Viceministro del Ministerio, Óscar Darío Amaya Navas.
A la reunión también fueron llamados la directora de Licencias, Permisos y Trámites, Diana Marcela Zapata y funcionarios de la Dirección de Etnias, incluyendo su directora, Josefina Araujo. En esta reunión los barí y los integrantes del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, organización que está llevando su caso, pudieron constatar que si aún no se han dado respuesta a sus solicitudes para conocer los pormenores del seguimiento a la licencia, es porque sencillamente no se está haciendo.
Así lo manifestó, Claudia Castellaños, abogada del Colectivo. “Nosotros queríamos conocer el informe de seguimiento de la licencia, pero nos pudimos dar cuenta que éste no se ha llevado a cabo, puesto que según la directora de licencias del Ministerio, éste se empieza a hacer una vez se inicien la exploración. Pero este proceso se debe hacer desde el momento mismo que se otorga la licencia y a todo lo que se dio permiso, desde la entrada de los materiales hasta la construcción de la torre”.
En la reunión los indígenas exigieron en consecuencia que se haga un seguimiento al otorgamiento de la licencia, acceso al expediente al informe físico de la licencia, y una verificación en campo para constatar que en la zona en Álamo I, sí es un territorio ancestral y que los impactos ambientales del proyecto de exploración y explotación petrolera los afecta directamente.
Según Castellanos, el Ministerio estuvo de acuerdo a llevar a cabo esta verificación en el próximo mes. Se espera que esta comisión esté conformada por delgados del Ministerio del Medio Ambiente, de la Dirección de Etnias, autoridades de control como la Defensoría del Pueblo, así como de antropólogos, sociólogos y personal idóneo para calificar si este es un territorio indígena.
Aunque para los barí está claro que Socbacayra es parte de la tierra que heredaron de Sebaseba. “El hombre blanco cuida sus cuatro paredes y el techo de su casa pero no se preocupa por más porque todo le llega fácil, la electricidad a través de unas redes y el agua, por las tuberías; todo le llega a las manos. Pero eso es difícil que entiendan nuestra cosmovisión, porque nuestra casa es la naturaleza, y uno es parte de ella.
Así que sin territorio no hay barí, sin el barí no se conserva el territorio”, expresó Ashcayra Arabadora Acrora.
Notas: [1] Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio. Raúl Arango Ochoa y Enrique Sánchez Gutiérrez. [2] Informe Final. Comisión de acompañamiento y verificación al pueblo indígena Motilón Barí. [3] Ibid http://www.etniasdecolombia.org/actualidadetnica/detalle.asp?cid=3470•





Colombia: En Telecom, el gobierno insiste en defraudar a la nación
MOIR, 4 de abril.- El año pasado, explicó el senador Jorge Enrique Robledo, los colombianos derrotamos la privatización de Telecom, en buena medida por el hecho escandaloso de que el uribismo intentó entregar la mitad más uno de sus acciones por 350 millones de dólares, cuando analistas como Eduardo Sarmiento habían demostrado que éstas valían, por lo menos, dos mil millones de dólares.
“Y hoy, con el cinismo que le es propio a un gobierno que ha logrado postrar ante sus desvergüenzas a buena parte del poder económico y político del país, Uribe insiste en vender la empresa por una suma similar, como se deduce de haberla sacado a subasta con un precio base de 233 millones de dólares”. Además, se insiste en hacer la privatización de Telecom a partir de cinco grandes mentiras que ningún alto funcionario del Estado ha logrado desvirtuar.
El congresista del Polo Democrático Alternativo explicó desde septiembre del año pasado cómo el futuro de las telecomunicaciones no son los teléfonos móviles sino los fijos, por el desarrollo del internet. Cómo los ingresos de la telefonía fija duplican los de los móviles, pues cada teléfono fijo lo usan unas cuatro personas, en tanto que cada celular suele ser de uso personal. Cómo es mentira que Telecom esté arruinada, pues produce una utilidad operacional de más de 900 mil millones de pesos anuales.
Cómo los móviles no son mejor negocio que los fijos, pues sus utilidades operacionales son porcentualmente tres veces menores que las de los fijos. Y cómo, por último, las inversiones que necesita la empresa estatal son de apenas 310 millones de dólares en dos años, suma pequeña en el mundo de las telecomunicaciones y con la que cuenta Telecom.
“Cada colombiano honrado, cada colombiano que ame a su nación, cada colombiano que no coincida con la entrega a menos precio del patrimonio público a los extranjeros debe elevar su voz de protesta contra esta nueva desvergüenza del uribismo”, concluyó el senador Robledo.
Bogotá, 4 de abril de 2006. Oficina de Prensa del senador Jorge Enrique Robledo.
»»Nota: se anexa el artículo del senador Robledo de 2005 en el que resumió su debate en el Senado, argumentación que el gobierno no pudo refutar.
Con falsedades se privatiza Telecom (Por Jorge Enrique Robledo)
Si se sindica de negociado la privatización de Telecom es porque el comprador recuperará los 350 millones de dólares de su inversión en menos de tres años, ganará otros 400 millones de dólares por administrar la empresa y, luego de 15 años, recibirá totalmente gratis, entre otras muchas cosas, 1,5 millones de líneas telefónicas.
También denunció el Contralor General de la República que el beneficiario -el señor Carlos Slim, propietario de Teléfonos Mexicanos (Telmex) y de Comcel y el cuarto hombre más rico del mundo- fue escogido a dedo por el gobierno y sin que siquiera se hubieran inventariado los bienes públicos involucrados en el negocio, abusos que no le impidieron a la alta burocracia uribista avaluarlos por debajo de su valor en libros.
La entrega de Telecom a Slim, famoso por comprar empresas “infravaloradas”, es decir, avaluadas por debajo de su precio real, seguramente elevará las tarifas porque a este le parecen muy baratas, dado que son 50 por ciento más bajas que las que los mexicanos le pagan a su monopolio telefónico. Esta privatización -que Uribe dijo que no haría- conducirá a la creación de otro dolarducto por el que se irá al exterior la riqueza del país y al mayor debilitamiento de la soberanía nacional.
Y es notorio que también se prepara la venta a los extranjeros de las telefónicas de Bogotá y Medellín. Además de las mentiras tantas veces repetidas de que Slim pagará por Telecom tres mil millones de dólares y que asumirá su pasivo pensional, otras cinco grandes falsedades se han usado para sustentar la que podría ser la mayor defraudación de la historia de Colombia.
Quien lea lo que sigue tendrá que reconocer la gran capacidad de manipulación de las empresas de relacionistas que tienen como negocio convencer a la gente de lo que les digan quienes las contratan.
Primera mentira: el futuro de las telecomunicaciones son los teléfonos móviles. Ya es un lugar común oír a los especialistas explicar que ello no es así. El gerente de EPM afirmó: "Los extranjeros -Telmex y Telefónica- se interesan en una alianza para hacer negocios en la banda ancha, que es el negocio del futuro” (Dinero No. 237). Y la misma revista (Nº 236) detalló:
“El negocio pulpo a mediano plazo está en las redes de telefonía fija, en las que se apoyará la venta y expansión de servicios de banda ancha y valor agregado, es decir, contenidos: televisión, telefonía y datos por IP. Por eso quien se quede con la red de Telecom, se quedará con el negocio del siglo XXI en el país”.
Segunda mentira: los celulares desplazaron a los fijos. Pues bien, en 2004 las ventas de los fijos fueron mayores que las de los móviles: 5,3 billones de pesos contra 3,6 billones de pesos. Esta verdad desconocida se entiende cuando se analizan las cifras.
Si bien hay más teléfonos celulares (15,5 millones) que fijos (7,7 millones), cosa que se ha dicho hasta el cansancio, también es cierto algo que se oculta: los usuarios en los fijos son más (31 millones), porque mientras cada uno de esos aparatos lo usan unas cuatro personas, los móviles son personales.
Tercera mentira: Telecom es un encarte. Esto se aduce porque su pasivo pensional asciende a 6,8 billones de pesos, pero se calla que sus utilidades operacionales son enormes. En 2005 serán de 954 mil millones de pesos, por lo que, según la Contraloría, a ese ritmo terminará de fondear las pensiones en cuatro años más, siete menos que lo pactado si la empresa se le entrega a Slim. ¡Y es la mayor empresa del país en el negocio del futuro!
Cuarta mentira: los móviles son mejor negocio que los fijos. De acuerdo con José Fernando Bautista, presidente de la asociación de las empresas de celulares, la utilidad operacional de la telefonía móvil es de 6,9 por ciento, mientras que la de la fija llega al 33 por ciento.
Comcel, por ejemplo, es un negocio malísimo: en 2004 tuvo utilidades operacionales por apenas 153 mil millones de pesos, el 8 por ciento de sus ingresos totales, en tanto las cifras de Telecom, para los mismos indicadores, fueron de 855 mil millones de pesos y 48 por ciento.
Quinta mentira: Telecom necesita enormes inversiones. El mismo cuento de todas las privatizaciones. Pero Jaime Chico Pardo, Director General de Telmex, puso las cosas en su sitio: “El Telecom fortalecido invertiría en dos años cerca de 310 millones de dólares en infraestructura de banda ancha y en modernización de la red” (Dinero, 236). Sin duda, una suma ridículamente pequeña para justificar lo injustificable. (Bogotá, 9 de septiembre de 2005)•



Bolivia: "Escuchar el grito angustiado de las personas es justicia"
Quechuanetwork, Diario La Razón, Bolivia, 15 de abril.- Casimira Rodríguez Romero, la ministra de Justicia del gobierno del presidente Evo Morales, responde a las críticas en contra de su elección al cargo. Sentada en la sala de su despacho la ministra de Justicia, durante una entrevista con La Razón en la que derrochó sinceridad, admitió que en algunos momentos, desde que asumió el cargo, se sintió discriminada como autoridad y como persona.
Sin embargo, afirmó que eso la motiva a aprender más, como asegura que ya lo hizo durante los tres primeros meses de gestión. Dijo que está dispuesta a demostrar a la sociedad que, aunque no es fácil, una mujer de pollera es capaz de ser una buena ministra de Justicia.
Nacida en Cochabamba, trabajó desde los 13 años como empleada del hogar a cambio de una habitación y un plato de comida. Desde los 18 años, Casimira Rodríguez inició su lucha por los derechos de su sector. Lo hizo primero en las calles y más tarde dentro del Parlamento, como dirigente de su sector, ganando así la batalla el 2003, cuando se promulgó la Ley 2450, en favor de las trabajadoras del hogar.
Toda su vida usted ha sufrido la injusticia, ¿cree que eso motivó al presidente Evo Morales a que la eligiera como su Ministra de Justicia? Yo creo que más bien (Morales) ha tomado en cuenta una parte de la lucha que personalmente he puesto en mi sector, las trabajadoras del hogar. Pero por otra parte, es un reconocimiento a nuestro esfuerzo. Lo dijo el Presidente, las trabajadoras del hogar son uno de los sectores más discriminados, más postergados, e incluso hasta más despreciados frente a la sociedad.
¿Cuando llegó al ministerio, sabía su funcionamiento? Es algo nuevo como todo trabajo, es otro mundo, otro espacio, y de alguna forma he tenido que aprender muchas cosas desde el principio, hasta conocer la oficina y el mismo edificio (ríe).
¿Cuánto ha aprendido en estos tres meses de su gestión? Yo diría que bastante, porque escuchas infinidad de denuncias y por otra parte también intervienes en negociaciones, enfrentas amenazas de las organizaciones mismas. Que si no haces esto bloqueamos, te dicen. Por otra parte, vienen las personas que buscan trabajo.
Entonces creo que he aprendido a sentir de todo, lo importante es que he podido conocer y también explicar a la gente, dar respuestas a las personas. Mi sector es otro mundo, es cierto, un mundo que conozco y sé manejar. Llegué aquí y de pronto hay que aprender otras cosas.
¿En algún momento usted se ha sentido discriminada? ¿Como ministra o persona? Como ministra Yo creo que no se pueden superar los prejuicios sociales que nos hemos creado, personalmente me cuesta romper esos espacios, pero también estoy en proceso de entender que soy autoridad, y hay que asumir todo lo que venga y hay que responder a los desafíos. Gracias al apoyo de otros compañeros, las oraciones de los hermanos cristianos que son mis hermanos en Cristo, y de las trabajadoras del hogar, creo que es una manera de que yo asuma, cómo es ser Ministra de Justicia.
¿Y como persona? Como persona también, toda la experiencia de la vida, lo que he aprendido y mis propias compañeras me decían, ´pero tú has conocido muchos espacios, en diferentes espacios, no solamente a nivel de Bolivia, sino a nivel internacional´. Entonces, tengo experiencia y he podido ver problemas, intercambios y creo que eso me ha dado confianza de poder salir adelante, he recorrido un camino largo y eso también es una escuela de la vida.
Lo dijo el Colegio de Abogados, ¿usted cree que el nivel de formación profesional es un requisito para estar al mando de un ministerio? Yo pienso que se han sentido como que marginados de este espacio. También influyó la no aceptación de este proceso de cambio. Tenían que mostrar ese desprecio que sienten todavía hacia el indígena, al campesino y a la mujer de pollera. Creo que ésa es la muestra de que todavía existe un grupo, que no quiere sacarse esos pensamientos coloniales; podemos ver todavía que estamos viviendo una guerra psicológica, incluso contra el propio Presidente y en contra de otros ministros.
¿Qué es justicia para usted? El equilibrio, en el que podamos vivir todos con más dignidad. Cuando todos ganen un salario digno, eso es justicia para mí. Cuando todos tengan derecho a una buena atención en cuestión de salud y acceso a la educación, eso es justicia. Educación también es justicia. En resumen, el escuchar el grito angustiado de las personas, eso es justicia para mí.
¿La gente de su sector tiene el mismo concepto de justicia? Sí, especialmente mis compañeras, y se han puesto más las pilas, ya que hemos estado desde el 2003, tratando de aplicar la ley, y ahora que soy Ministra de Justicia, tienen más confianza ya que es un proceso largo; la misma sociedad, los propios medios de comunicación les han dado más oportunidad, la aplicación de la ley de la trabajadora del hogar es justicia.
¿Qué la ha motivado para promover la ley de la trabajadora del hogar? Bueno, en esos momentos, yo misma trabajaba y pensaba que a la trabajadora cualquier rato se la podía botar, se le pagaba lo que quería el empleador, las pocas posibilidades de tener estudio, muchas veces maltrato físico, psicológico, hasta abuso sexual, entonces esa situación ha permitido trabajar una propuesta de ley, desde la propia legislación laboral dentro de la Ley General del Trabajo, sí existían algunos artículos, pero eran discriminadores, donde solamente reconocían la mitad de los derechos, eso significaba que la trabajadora valía la mitad de una persona. Usted ha manifestado una preocupación especial por la trata de personas, por ella planteó un proyecto de ley ¿Qué datos concretos la llevaron a determinar que éste era un problema principal para el ministerio? Bueno, la ley está, ya está avanzada, ha sido llevada por buen camino y, especialmente, una de las promotoras, hasta ahora, es la Ministra de Gobierno quien trabaja para que se pueda promulgar. Es importante que haya una ley de trata y tráfico de personas.
Me acuerdo que el 2003 cuando escuché de trata y tráfico en un encuentro internacional en Colombia, para mí, este tema era nuevo, recién el año pasado en nuestro país sale a luz pública, en spots o cuñas de radio indicando que nadie puede venderte.
Esos mensajes han sido una alegría, ha sido un avance importante, la Cámara de Diputados ha promovido y pudo aplicarse esta ley, pero tiene sus etapas específicas, la prevención, la persecución, tenemos cantidad de personas que han sufrido la trata y tráfico de personas.
http://www.la-razon.com/versiones/20060415_005512/nota_283_276057.htm http://www.quechuanetwork.org/news_template.cfm?news_id=4303&lang=s•

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