Suplemento de MILENIO Diario
y SEPRADI, 11 de diciembre de 2009/ Número 9
OPINIÓN
El presupuesto rural frente al fracaso
de las actuales políticas para enfrentar la pobreza
Ernesto Ladrón de Guevara Alafita y Luis Meneses
Murillo
En días recientes el Congreso aprobó el paquete
económico para el ejercicio 2010. En particular la determinación
de los ingresos se caracterizó por los incrementos en
los impuestos a la población cautiva, específicamente
el IVA subió a 16%, el Impuesto sobre la Renta pasó
a 30%, y los depósitos en efectivo a 3%. Mientras tanto,
los subsidios autorizados en gasolina y energía eléctrica
se vieron reducidos, por ello este paquete es recesivo e inflacionario,
contrario a lo que en la actualidad hacen la mayoría de
los países frente a la crisis.
La característica principal de este paquete económico
es que no distribuyó la carga fiscal en forma equitativa,
es más, no tocó los privilegios de grandes evasores
de impuestos, acción que por sí sola hubiera sido
suficiente para cubrir los huecos en las finanzas públicas.
Al verse descubiertas, las principales fuerzas políticas
en el Congreso han convocado para el próximo mes de enero
a elaborar una verdadera reforma fiscal, pues tratan de ocultar
que hace dos años Carstens también impulsó
¨la reforma para los que menos tienen¨, donde se estableció
el IETU, diciendo que era la solución de largo plazo que
el país exigía.
Caracterización del presupuesto aprobado para el campo
Las organizaciones de productores hicieron una serie de propuestas
a la Cámara de Diputados, en concreto se señaló
que se requería un presupuesto que fomentara el empleo,
donde el gasto productivo fuera mayor al gasto asistencial, a
la inversa de la propuesta del gobierno federal. Un presupuesto
que evitara el clientelismo político, que respaldara la
soberanía alimentaria establecida en la ley de Desarrollo
Rural Sustentable y diera prioridad a la producción nacional
en los productos básicos y estratégicos, con objetivos
y metas concretas para reducir en un 30% nuestra alarmante dependencia
alimentaria.
Como resultado tenemos un presupuesto autorizado al Sector Rural
de $269,078.6 millones de pesos (mdp), superior en 33,220.4 al
presupuesto aprobado para el 2009, el incremento asciende a 14%
nominal y a 9% en términos reales.
A pesar de los incrementos presentados año con año
en el presupuesto, ese esfuerzo de legisladores y productores
se ve mermado por la ineficiencia gubernamental, pues en promedio
cada año deja de aplicarse 7% del presupuesto como resultado
de subejercicios.
Entre los principales logros podemos señalar los siguientes:
Se compensaron las reducciones en el gasto productivo, dejando
a esos programas con el mismo monto asignado para el 2009; se
niveló el gasto productivo con el asistencial, quedando
en 29% el fomento productivo, en 32% el combate a la pobreza
y en 20% lo aprobado para infraestructura; los principales incrementos
se dieron en Oportunidades con más de 15,000 mdp, en caminos
rurales con 17,620, programas hidráulicos con 5,960 y
el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) con 2,000
mdp.
El presupuesto destinado a la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se mantiene
prácticamente igual nominalmente al presupuesto anterior,
en 7,815.7 mdp, lo que significa no sólo que no habrá
mejoría para este sector, sino que verá reducido
su efecto en proporción a la inflación que se presenta.
Podemos concentrar las desventajas del presupuesto aprobado en
los siguientes aspectos: no se aprobaron los nuevos programas
propuestos, en particular los orientados a atender la crisis
alimentaria y la dependencia alimentaria del exterior, tales
como la Reserva Estratégica de Alimentos; el fideicomiso
tasa ¨0¨, a efecto de implementar el financiamiento rural
como un verdadero instrumento de desarrollo; el Fondo de Recuperación
de Tierras Ejidales y Comunales, dirigido a las parcelas rentadas
y a restablecer el régimen de producción social.
Una altísima concentración de recursos en tan sólo
cinco programas cuya principal característica es que son
de carácter asistencial y pertenecen al núcleo
de Oportunidades, o bien que son los programas de Sagarpa que
atienden a los grandes productores y los de menor acceso para
la población campesina. Estos cinco programas tienen el
55.5% del total del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo
Rural Sustentable (PEC): Oportunidades (27%), Procampo, Caminos
Rurales y PET, Ingreso Objetivo y Comercialización, y
Aportaciones Federales a Infraestructura.
En conclusión, se mantuvo la estructura presupuestal tradicional,
no se adecuó el PEC a la nueva prioridad nacional de fomentar
el empleo y atender los problemas de la pobreza alimentaria,
en particular se debió transformar la acción gubernamental
para atender la pobreza con programas asistenciales en una acción
de fomento a los programas productivos, para producir los alimentos
necesarios de quienes padecen hambre. Es más factible
subsidiar al productor para impulsar la producción de
autoconsumo, con un solo estímulo, que darle 200 pesos
mensuales que no resuelven sus necesidades y lo hacen más
dependiente.
El gobierno pretende aliviar la pobreza aplicando la misma medicina
que provocó el incremento de seis millones de pobres en
sólo tres años de la presente administración:
Oportunidades. Por ser 2010 un año de elecciones se observa
que en la asignación de recursos y en la aplicación
de los mismos habrá un marcado sesgo electoral.