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OPINIÓN |
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En diversos estados de la República los legisladores del PAN y del PRI se han aliado para formular sus leyes protegiendo absolutamente la vida desde el momento de la concepción, leyes que han sido aprobadas sin considerar la opinión de la ciudadanía, en especial la de las mujeres.
El 9 de septiembre de 2009 se reformuló de manera súbita el artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, que protege la vida desde el momento de la concepción, sin haberse realizado ninguna consulta a la ciudadanía; fue una mayoría masculina quien decidió por las mujeres. La propuesta fue presentada por la diputada Perla Woolrich, militante del Partido Acción Nacional.
El 30 de septiembre el consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sesionó para analizar la propuesta de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma al mencionado artículo, petición realizada por diversas organizaciones de la sociedad civil. La sesión se realizó simplemente para legitimar la decisión ya tomada de no presentar el recurso de inconstitucionalidad, pues tanto para los diputados como para la CEDH, es mejor no buscar conflictos y mantenerse en su espacio de confort.
El 1 de octubre las organizaciones civiles integradas en el colectivo Huaxyacac, así como otras organizaciones y personas, realizaron una conferencia de prensa para manifestar su inconformidad ante la falta de compromiso de la CEDH con los derechos de las mujeres.
Es necesario preguntarse: ¿estas decisiones son realmente tomadas por el consejo o por los diputados, o existe un poder más alto que define la actuación de estos organismos? ¿Cuál es el camino?, es importante que tomemos conciencia de que, a pesar de estas reformas, no podemos cerrar los ojos a la realidad; el aborto es un problema de salud pública y de justicia social. Con las reformas se condena a las mujeres a no decidir sobre su libre maternidad, anteponiendo intereses partidistas y moralistas a la vida de las mujeres, a pesar de que Oaxaca es la cuna del laicismo mexicano.
Está documentado que los índices más altos de mortalidad materna por abortos inseguros se encuentran en América Latina, el sureste asiático y África, principalmente en los países del tercer mundo o subdesarrollados. Esto nos indica que son las mujeres pobres quienes más sufren esta situación, por no contar con los recursos necesarios para acudir a servicios médicos particulares que garanticen un aborto seguro.
Las reformas aprobadas ya en 16 estados de la República sólo llevan a seguir exponiendo la vida de miles de mujeres que, por diversas circunstancias, tienen como último recurso la interrupción del embarazo. Enfrentamos el reto de seguir luchando por nuestro derecho a decidir.
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