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NACIONAL |
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Juan Martínez Vásquez, alcalde constitucional de Tlahuitoltepec (autoridad encargada de la justicia), relata los hechos: el 4 de febrero de 2009 dos personas del municipio y dos del DF llegaron en un taxi a Tlahuitoltepec. Habían secuestrado al taxista y lo llevaban en la cajuela. Éste logró escapar ya estando en el municipio y acudió a las autoridades, que pusieron en alerta a la población, por lo que tres de ellos fueron detenidos y entregados a las autoridades locales. El otro logró escapar.
El alcalde explica que, según el sistema de la comunidad, para tratar un asunto como este la autoridad convoca a una asamblea para exponer el caso al pueblo y este decide cómo proceder. La gente se enardeció cuando conoció el objetivo de los maleantes y cuando la autoridad municipal intentó entregarlos a las autoridades estatales los vecinos de la comunidad lo impidieron y exigieron que se hiciera justicia allí mismo. Erasmo Martínez dice que la cuestión no era fácil, pues él sabía que había que entregarlo al Ministerio Público pero el pueblo no lo permitía.
Lo que la gente quería era que los maleantes reconocieran su falta y pagaran una multa y éstos, frente al pueblo, se comprometieron a hacerlo pero nunca pagaron. Así pasaron más de diez días en los que permanecieron detenidos en Tlahuitoltepec, tiempo en el que sus familiares pusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca.
Al final los entregaron a dicha comisión y se levantó un documento al respecto. "Al rato ya estaban liberados los delincuentes. Ahora resulta que para Derechos Humanos somos culpables las autoridades. Reconocemos de la parte oficial que así está marcado, pero nosotros estamos en medio y nuestro pueblo está del otro lado y si no lo obedecemos, también nos castiga", declara.
Reconoce que existe la amenaza de la desaparición de poderes pero que ellos cumplieron con su encargo como autoridades, que el pueblo y otros de la región están pendientes de lo que haga el gobierno. "Los pueblos mixes vamos a organizarnos si quieren hacer efectiva su amenaza", concluye. Finalmente, pide que haya un diálogo con quienes corresponda para que se "encaje lo de usos y costumbres en la Constitución Política del Estado y en otras leyes".
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