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OPINIÓN |
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Es justo que la justicia se abra |
Emblemáticos sucesos como la masacre de Acteal, el levantamiento y aparente apaciguamiento zapatistas, la telaraña de conflictos agrarios que cubre la meseta purépecha, la lacandona o la sierra oaxaqueña, y tantos casos más con nombre y apellido, como Jacinta Francisco, Eufrosina Cruz, Bruno Plácido, Leopoldo Juárez. Podría derramarse el beneficio de una nueva relación que alimente el sueño de eso que suele llamarse pluralismo jurídico; esto es, la idea y el reclamo de que se reconozcan los sistemas jurídicos indígenas y, por tanto, la fuerza de su oralidad, pues no siempre "papelito habla".
Jacinta Francisco Marcial (que no Jacinta, como no decimos Felipe por Felipe Calderón Hinojosa, o Genaro por Genaro Góngora Pimentel o por Genaro García Luna) sería juzgada en primera instancia con este nuevo cristal y, de rebasar su competencia, por un sistema estatal que hiciera valer sus derechos lingüísticos y otros; pero juzgada también sin compasiones denigrantes que suponen que por ser indígena, y sólo por ese hecho, resulta incapaz de secuestrar o incitar a la violencia contra agentes federales que, por cierto, devinieron en blancas palomas en esa historia cargada de sinsentidos. ¿Por qué regatearle que haya podido ser la incitadora mayor, con gasolina y mechas en mano, para linchar agentes federales? En todo caso faltan pruebas, para que no se falte a la lógica más elemental con la invención de historias justificadoras de venganzas en nombre de la justicia.
Sin duda que esa perla de la justicia maltrecha, historiada como la masacre de Acteal, se iluminaría con mayor profundidad desde una nueva mirada. Es cierto, como ha dicho ya la SCJN, que ni la PGR ni los deudos pueden inventar pruebas o testigos y que menos aun se debería culpar a los muertos, incluidos los cuatro nonatos, las 22 mujeres y los 18 niños, de un rosario de 45 caídos por un conflicto bárbaro; pero tampoco se puede ahondar el vacío para que los responsables paguen su culpa, casi 12 años después. Cualquiera que haya sido la verdad, brillaría para recordarnos que el mundo real no se fractura irreconciliablemente entre buenos y malos; un bando, dos bandos… una crónica de agravios previos está a la espera, los muertos también y los paramilitares alimentados desde las esferas del poder no deberían desdibujarse por fallas técnico jurídicas, pues esa sí sería una injusticia suprema.
En este ambiente gira el sueño de Eufrosina Cruz, quien un día se despertó con la idea de que podía gobernar a su pueblo y le dijeron que no, que las viejas no juegan al poder, porque costumbres bárbaras que no se pueden aplaudir mantienen una etiqueta sexista en la casa del pueblo.
Y ni qué decir de los cientos de indios recluidos en la geografía penitenciaria del país, muchos de los cuales podrían ser inocentes y otros tantos a quienes no respetaron sus derechos, como lo documenta cotidianamente la prensa regional y alguna que otra organización que se ha alzado con honestidad y valentía en estos asuntos. Entre ellos, los cinco o seis integrantes de una familia originaria de Cocucho, quienes purgan una condena por un homicidio que ni siquiera los deudos del difunto creen que ellos hayan cometido. Están recluidos en Uruapan, no contaron con intérpretes y no hubo más que puras mentadas de madre para que firmaran versiones preconstruidas.
De esta forma, a los dos servidores de la justicia que habrán de engrosar la nómina y disputar la "raquítica" bolsa de 80 millones que mensualmente destina el máximo tribunal para sus 35 jubilados, los podría sustituir un nuevo par que confirme el salto de la diversidad desde los libros y archivos de antropólogos comodines, para instalarse en la techumbre de la justicia, camino a desbancar el modelo de un Estado que no refleja el colorido de nuestra piel.
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