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Por otro lado, las prioridades legislativas no siempre son las de la sociedad en general. Se imponen los intereses de los grupos o sectores que tienen mayor capacidad de gestión, como son los propios partidos políticos, banqueros, grandes grupos empresariales, etcétera.
Los partidos políticos, aún con todas sus contradicciones, son hoy por hoy, lamentablemente, la única vía para que sectores populares tengan voz en el Congreso. Sin renunciar a la búsqueda de nuevas vías más democráticas y representativas, es importante no dejar las tareas legislativas únicamente a quienes han vivido de la política. Lo "público" tiene que ser una tarea de todos.
¿En qué comisiones participó?
WH: Participé en la Comisión de Asuntos Indígenas, como secretario, y fui integrante de las comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social, así como de la de Ciencia y Tecnología.
OC: Asuntos Indígenas, Participación Ciudadana, y Fomento Cooperativo y Economía Social, de la que fui secretario. También participé en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano.
De las iniciativas y puntos de acuerdo que presentó ¿cuáles fueron las más importantes o trascendentes y qué resultados tuvieron?
WH: Dos iniciativas fueron de las más avanzadas en el proceso legislativo. La primera, es una iniciativa que propone reformar el artículo 6 de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con objeto de que dos integrantes del Consejo Consultivo de la CDI se incorporen a la Junta de Gobierno de esa comisión. Esta iniciativa se aprobó en el pleno y pasó al Senado para dictamen. La segunda es una iniciativa que reforma la fracción J del artículo 41 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que se desglose por ramo y programa el presupuesto que el gobierno federal dice destinar a la atención a los pueblos indígenas.
Otras dos iniciativas que presenté obtuvieron opinión positiva de la Comisión de Asuntos Indígenas; una de ellas reforma el artículo 27 de la Constitución para reconocer los territorios indígenas y el derecho de los pueblos indígenas a ejercer usufructo sobre los recursos naturales asociados a ellos, ésta también obtuvo opinión favorable de la Comisión de Reforma Agraria. La otra tiene el objeto de garantizar, a través de los partidos políticos, una presencia equitativa de diputados y senadores indígenas en el Congreso de la Unión. Ninguna de éstas se ha discutido en la Comisión de Puntos Constitucionales, que tiene la última palabra.
En cuanto a los puntos de acuerdo mencionaré dos: uno, promovido por la Mesa Directiva de la Comisión de Asuntos Indígenas y adoptado por el pleno de la Cámara, que se refiere al compromiso de la Cámara de Diputados y del gobierno federal a armonizar el marco legal del país y las políticas públicas con los contenidos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
El segundo fue un exhorto para que el gobierno federal liberara con oportunidad los recursos del Fondo Nacional de Desastres, con motivo de que en 2007 varios municipios serranos del estado de Puebla, resultaron seriamente afectados por el huracán Dean.
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Por mi responsabilidad como secretario en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social acompañé a las cooperativas de ahorro y préstamo, conseguí a su favor una serie de beneficios fiscales y, sobre todo, coadyuvé a que, por vez primera, se les reconozca como parte social de la economía y sea respetada su naturaleza social.
¿Hay receptividad a las propuestas relacionadas con los pueblos indígenas?
WH: Receptividad e interés existen, también hay algunas buenas voluntades. Pero lo que prevalece es el desconocimiento de la realidad de los pueblos y de sus capacidades para aportar a la solución de los grandes problemas nacionales.
Definitivamente la visión prevaleciente en la Cámara, de todos los partidos políticos, sobre cómo abordar los retos de la Nación, no considera a los pueblos indígenas. Para la mayoría de los legisladores y los funcionarios del gobierno el problema indígena se soluciona con programas asistenciales y promoviendo el desarrollo económico, esperando que, por inercia, los beneficios en algún momento alcancen a nuestros pueblos.
OC: La Cámara es, finalmente, una caja de resonancia de la sociedad. En consecuencia, el tema indígena tiene la mismísima recepción que tiene en la sociedad, es decir, mínima. Por otro lado, se percibe un "temor" por parte del Ejecutivo a legislar a favor de los pueblos indígenas, muy a pesar de que nuestro país ha firmado convenios internacionales que así lo establecen. Tal es el caso, por ejemplo, de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en donde se afirma que los pueblos tienen derecho al aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentran en su territorio, incluyendo los del subsuelo.
Concretamente el PAN se ha opuesto a darle coherencia a nuestra Constitución con los tratados internacionales, de manera tal que en Oaxaca, por ejemplo, las minas se siguen concesionado a empresas extranjeras, sin ningún tipo de derecho para los pueblos en donde tales recursos se localizan y sin consultarlos.
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