Suplemento de MILENIO Diario
y SEPRADI, 20 de marzo de 2009/ Número 5
OPINIÓN
Reflexiones y propuestas sobre el futuro
de nuestros pueblos
Natalio Hernández*
Uno de los acontecimientos más importantes en la vida
social y política del país, ocurrido a finales
del siglo pasado, fue la emergencia del movimiento indígena
contemporáneo que se gestó en la década
de los setenta. Después, en 1992, en el marco de las conmemoraciones
del V Centenario del "Encuentro de dos mundos", a lo
largo del continente americano se desarrolló el movimiento
500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular,
el cual trajo como resultado las primeras reformas constitucionales
en los diferentes países de América Latina. En
México se llevó a cabo, en 1992, la reforma del
artículo 4º constitucional para reconocer que la
nación mexicana tiene una composición pluricultural
sustentada originalmente en los pueblos indígenas. Con
esta reforma México daba por concluido el proyecto de
nación homogéneo, lingüística y culturalmente,
que predominó a lo largo del siglo XX.
Sin embargo esta primera reforma, que reconocía por
primera vez en nuestra Constitución Política la
presencia contemporánea de los pueblos originarios de
México, no tuvo impacto en la sociedad nacional mayoritariamente
mestiza. Seguía predominando la idea de que los pueblos
indígenas constituyen una realidad aparte, es decir, son
pueblos ajenos al proyecto nacional. Y no fue sino hasta enero
de 1994, con la rebelión indígena de Chiapas, cuando
los diferentes sectores del país tomaron conciencia de
que nuestros pueblos formaban parte del tejido social de nuestra
nación mexicana y reclamaban su lugar dentro del proyecto
nacional, de cara al siglo XXI.
Después de una larga discusión y negociación
que se materializó en los Acuerdos de San Andrés
en 1996, buena parte de estos acuerdos fueron incluidos en las
reformas constitucionales de 2001, por cierto con un gran vacío
al no haber reconocido a los pueblos indígenas como sujetos
de derecho. Desde entonces, tanto en la legislación federal
como en varias de las legislaciones estatales, se han llevado
a cabo reformas importantes para reconocer el derecho a la educación
intercultural bilingüe, al desarrollo sustentable con identidad,
al usufructo de los recursos naturales, a la participación
política; en fin, el derecho a la autonomía y libre
determinación de nuestros pueblos.
En este contexto, el reto es construir y desarrollar un México
unido y vigoroso, a partir de la diversidad de lenguas y culturas,
para lo cual contamos con los instrumentos jurídicos,
políticos e institucionales necesarios.
Un primer punto que necesitamos para imaginar y construir
el proyecto de nuestros pueblos es recuperar la memoria, el pensamiento
y el conocimiento propios. Si tenemos claro en cada uno de los
pueblos originarios de nuestro país lo que somos y lo
que queremos, podemos exigirle al Estado mexicano y a las instituciones
nuestro derecho al desarrollo propio, a la identidad propia,
el derecho a ser nosotros mismos en estos tiempos de modernidad
y globalización. Debe quedar claro que ya no queremos
migajas, ya no queremos paternalismos ni programas asistencialistas.
Queremos desarrollarnos para fortalecer y enriquecer a nuestra
nación multicultural.
Un segundo punto es que entre todos, en un marco de diálogo
intercultural respetuoso y equitativo, como un ejercicio cotidiano
en nuestro ámbito de trabajo, pensemos y propongamos de
qué manera lo que dice el artículo segundo de nuestra
Constitución Política y demás leyes relativas
al tema de los derechos de nuestros pueblos puede empezar a concretarse
y materializarse en la práctica.
Sobre este particular, permítanme compartir con ustedes
cuatro propuestas:
1º. Que la educación intercultural bilingüe
sea para todos los mexicanos y no sólo para los pueblos
y comunidades indígenas. Esto es, que en cada escuela
las lenguas y las culturas de nuestros pueblos se incluyan dentro
del proceso educativo.
2º Que en las distintas instituciones de los gobiernos
federal y estatales se considere un importante espacio de participación
de profesionales indígenas.
3º Es necesario iniciar un proyecto de desarrollo compartido
con los pueblos originarios de México en cada una de las
regiones del país. El caso de Atenco, Estado de México,
es un ejemplo claro de que no es por la vía del despojo
por donde deben caminar los proyectos de desarrollo económico.
4º Es urgente que en la próxima contienda electoral
los líderes y pensadores indígenas tengan una participación
sustancial en los cargos de elección popular, tanto federales
como estatales. Desde aquí apelo a la voluntad política
de los tres partidos políticos más importantes
del país, para que den paso a la palabra de nuestros pueblos,
a través de sus líderes y representantes en las
tribunas parlamentarias.