MUNDO INDÍGENA
Suplemento de MILENIO Diario y SEPRADI, 10 de octubre de 2008/ Número 3

INTERNACIONAL
 
Bolivia: organizaciones indígenas, las más afectadas
 
En los disturbios recientes, sus sedes fueron atacadas y quemadas
 
Así quedó la sede de la CPESC
  El edificio de Impuestos Nacionales ya había sido tomado por "el pueblo cruceño", según los dirigentes del Comité Pro Santa Cruz presentes para hablar a las cámaras. Adentro, cien exponentes de esta población rodeaban y comprimían a los 15 militares cuya orden era no disparar. "¡Te odio! ¡Te odio! ¡Raza maldita!", gritaba uno de los invasores al casco del soldado, que cubría los rasgos quechuas vigentes en la mayoría de los militares. "Te odio", gritaba el joven encapuchado. Era su único argumento y todo su motivo para odiar. Había trabajadores de un canal de televisión, que preguntaron al soldado si tenía miedo. "¡Sí!", murmuró el uniformado y con justa razón, porque minutos después los sacaban "pacíficamente" entre palazos y escupidas del edificio que había sido tomado "pacíficamente".
La situación, más o menos grotesca, se repitió en 50 instituciones públicas y organizaciones sociales de los departamentos donde dice mandar el Consejo Nacional Democrático (Conalde), integrado por cívicos y prefectos de Beni, Chuquisaca, Pando, Santa Cruz y Tarija.
 
El gobierno nacional llama "intento de golpe cívico prefectural" a la violencia hambrienta y desesperada que reinó del 9 al 14 de septiembre en la Media Luna, alias más conocido del Conalde. Las marcas quedaron en los edificios atacados, pero sobre todo en las organizaciones indígenas, campesinas y de derechos humanos de la región, cuyas sedes fueron saqueadas y quemadas, cuando no destruidas. El mensaje no pudo ser más claro. Por si a alguno le quedaban dudas, del 11 al 14 fueron masacrados al menos 19 campesinos en los municipios de Filadelfia y Porvenir, en Pando, supuestamente por paramilitares que contrató la Prefectura. Por este motivo rige el estado de sitio en ese departamento y su prefecto, el medialunero Leopoldo Fernández, está preso acusado de "terrorismo", por mandar a matar a quienes no lo votaron.
 
Los campesinos de Filadelfia, a 50 kilómetros de la capital pandina, Cobija, habían ganado renombre por su oposición al referéndum autonómico del 1º de junio, cuando Fernández organizó elecciones -sin permiso del Congreso- para aprobar un estatuto autonómico hecho al margen de la Constitución vigente. En esos días, los filadelfinos cortaron la ruta y quemaron todo material electoral autonómico que llegó al pueblo.
 
El 11 de septiembre pasado, mil campesinos de Pando marchaban por esa ruta para ir a Cobija. Allí tendrían una asamblea para analizar la situación de esos días. Ante la Justicia, Fernández admitió que envió máquinas de la Prefectura a abrir un pozo de cinco metros en el camino de Porvenir, al lado de Filadelfia, para evitar el avance de los campesinos. Los sobrevivientes recuerdan que la Policía Nacional los detuvo ante esa fosa por una hora y media. Mientras tanto, por el monte los rodeaban 250 hombres armados con ametralladoras, rifles, escopetas y pistolas.
 
Hasta ahora se cuentan 19 muertos, mientras 35 campesinos siguen sin aparecer, a casi un mes de la emboscada. En este tiempo se pudieron escuchar relatos de madres que tiraron a sus hijos al río Tahuamanu para que no los alcanzaran las balas. Están las imágenes de decenas de campesinos que huyen a nado, mientras desde el puente los cazadores juegan a tiro al blanco. Por la masacre fueron detenidas 20 personas, entre ellas el prefecto.
 
En Santa Cruz murió otra persona, integrante de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), por los golpes recibidos cuando fue con otros unionistas a romper el bloqueo campesino en Tiquipaya, a 50 kilómetros de la ciudad, el 13 de septiembre. Durante la rebelión autonómica, 20 mil campesinos de todo el país cercaron este departamento en siete puntos. Exigían la devolución de las instituciones nacionales tomadas, para las que el "gobernador" Rubén Costas ya tenía reemplazantes afiliados a la autonomía departamental, que pregona en desmedro a la autonomía indígena exigida por los 36 pueblos originarios de Bolivia. La radicalidad del Conalde disminuyó cuando fue detenido Fernández, el 16 de septiembre.
 
Las sedes de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) fueron tomadas por exlíderes indígenas expulsados de sus organizaciones, que actualmente aportan el componente nativo en los actos cívico-prefecturales. Como estos exdirigentes carecen de bases, saquearon y tomaron las infraestructuras acompañados por la UJC. En la CPESC, los cívicos se encargaron de que no quedaran techos ni puertas ni ventanas. Sólo permanecieron algunas paredes débiles de tantos golpes. Por ello, esta organización tuvo que mudarse a Plan 3000, uno de los barrios más pobres de Santa Cruz, donde el apoyo al presidente Evo Morales es mayoritario.
 
En Santa Cruz fue saqueada y quemada la sede del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), una organización de derechos humanos que desde hace 30 años colabora con comunidades indígenas y campesinas en sus demandas legales. En la provincia cruceña Guarayos fue atacada una casa del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca). Y en Riberalta, departamento de Beni, las oficinas de estas ONG permanecen cerradas ante las amenazas de los cívicos locales.
 
El gran pecado de estas organizaciones es defender el proyecto de nueva Constitución, cuyo contenido aún discuten oficialismo y oposición en Cochabamba. Por apoyar este texto, fruto de 25 años de movilizaciones indígenas y campesinas, los autonomistas fundamentalistas llaman a estas organizaciones "masistas", es decir simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de gobierno. Es más que un insulto en este polo de Bolivia.
 
Podrá finalizar el Estado de Sitio en Pando. Se negociará una nueva Constitución que deje a todos contentos. Pero en los departamentos de la Media Luna, las organizaciones indígenas y de derechos humanos que no se alinean con los dictados de las autoridades locales tendrán que seguir oliendo el humo de sus oficinas quemadas. Así será mientras los partidos de derecha tradicionales, repudiados por el electorado nacional, se aferren a algunas ciudades de algunos departamentos salvajemente, sin permitir una voz contraria a sus planes de robo permanente. Así será mientras el gobierno nacional no sepa manejar el 67.4% de apoyo que recibió el 10 de agosto en las urnas.
 
Sebastián Ochoa
Foto: Comunicación Cejis
 

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