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"Históricamente hubo áreas protegidas que se establecieron en las décadas de los 80 y 90 sin un conocimiento claro de las comunidades sobre las ventajas y desventajas que les podría representar e incluso en algunos casos hubo rechazo", admite el director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Ernesto Enkerlin.
En los últimos 10 años autoridad y comunidades han tratado de conciliar dos necesidades, la de conservar las áreas naturales y la de propiciar el progreso de los grupos que ahí habitan. Y la solución está clara para Solís y Enkerlin: la distribución de los beneficios.
"Si nosotros logramos que haya un proceso de consulta, de participación de las comunidades y de distribución de beneficios por el manejo de las ANP, podríamos tener generación de empleo, de aire limpio, conservación de espacios naturales, pero además podríamos tener también una parte esencial que es la continuidad cultural", resume Solís.
Punto con el que coincide Enkerlin: "ahora estamos luchando porque se le dé plena participación a todas las comunidades rurales e indígenas en la toma de decisión de la administración y operación de las ANP y México ha hecho una labor relativamente buena y que es reconocida. Queremos seguir pugnando por el concepto de conservación que está basado en la gente, no en sacrifico del mandato de conservar el patrimonio natural, sino de operarlo a través de sus comunidades".
Con esta posición acude al IV Congreso Mundial de la Naturaleza el comité de miembros mexicano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que se celebra del 5 al 14 de octubre en Barcelona, España. Las 15 Organizaciones No Gubernamentales que participan en el comité y el gobierno de México, recién admitido como Estado miembro, forman parte del grupo de especialistas de 181 países que se reúnen cada cuatro años para tratar de alcanzar acuerdos que encuentren soluciones y sensibilicen a la población sobre los problemas medioambientales. En esos debates, destaca la participación de las comunidades indígenas en la operación de las ANP.
"En el caso de las áreas protegidas, el tema del derecho indígena es violado porque no hay el proceso de una toma de decisión bajo el principio del consentimiento libre, previo e informado", resalta Solís. "Y por el lado de las comunidades indígenas, la imposición de proyectos realizados desde fuera, así sean los mejor intencionados, siempre va a fracasar, porque la gente ha existido ahí toda la vida. Y esos muchos años son una forma distinta de comportamiento y de relación con los recursos naturales, con la madre naturaleza".
Para Solís Librado, la única forma de resolver el problema es sumar capacidades y compartir responsabilidades y beneficios. "El mapa de las áreas protegidas y el de pueblos indígenas coinciden en un 65.75 %. Pero les montas el mapa de pobreza y siguen coincidiendo. Entonces hablas de alta riqueza de biodiversidad y los más pobres dentro de los pobres. ¿En dónde quedó la distribución de los beneficios, cuando el compartir responsabilidades significa conservar, y dónde quedó nuestro derecho al desarrollo? Estamos dispuestos, pero dónde están los beneficios. No queremos llegar y que todo esté puesto. Queremos llegar a ordenar la mesa y participar de las reglas del juego".
En ese sentido, Solís explica que el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, espacio donde confluyen los grupos originarios de todo el mundo, ha trabajado con la UICN la inclusión de una posible nueva categoría de ANP, cuyas características respeten el derecho de los indígenas e incorporen sus reclamos. Esa es la propuesta a debatir en el Congreso en Barcelona.
El nombre todavía no está, pero Solís resalta los elementos a considerar: Cualquier ANP que sea declarada al interior de espacios territoriales indígenas debe pasar primero por una etapa en que se analice qué es un área protegida, con toda la información disponible para la comunidad. El decreto se debe dar de acuerdo a las formas y tomas de decisión y de organización de las comunidades. Una vez concluido este punto, consultar a la comunidad si quiere o no una ANP. Si se declara ANP, determinar qué pasa con la restitución de tierras. Si se va a proteger, de qué manera; si se va a decretar, de qué forma; y si va a haber restitución o un plan de manejo esto debe ser conjunto, de acuerdo con la visión indígena. Respetar el derecho de autonomía para el manejo, el uso y el usufructo, de acuerdo con las formas y usos de las comunidades. Tomar en cuenta la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, más otros convenios internacionales relacionados y armonizar las legislaciones nacional y estatal.
El Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad llega a Barcelona con un documento que contiene estos prerrequisitos, a fin de cabildearlo con el resto de los participantes. "Tenemos que pasar posteriormente por las autoridades nacionales, pues aunque las buscamos no hubo mayor apertura ni interés", lamenta Solís.
En contraposición a este último punto y como enlace del Estado mexicano ante la UICN, Enkerlin asegura que en la última década las ANP establecidas han tomado en cuenta a las comunidades y se han preocupado por ellas.
"No hemos tenido que remontar ese agravio, porque inclusive comunidades que en su momento se sintieron no consultadas hoy en día están participando en proyectos que las benefician. Ya se disipó aquella idea de que venían a desplazarlos, a quitarles oportunidades".
Afirma que el trabajo que se ha hecho con las comunidades ha tenido "buen nivel de éxito" gracias a los programas desarrollados por su área: proyectos productivos para las comunidades, que abarcan más del 80% del recurso; estudios para que los proyectos tengan realmente oportunidades de éxito; y la capacitación de las comunidades para que sus proyectos lleguen a buen término y se asimilen como una actividad comunitaria.
"Todos los programas están enmarcados en esta estrategia y ha sido la transformación principal que ha tenido la Comisión de Áreas Naturales Protegidas en los últimos años, porque se ha convertido en una institución básicamente de desarrollo social, sin sacrificar el mandato fundamental que tenemos de conservar la naturaleza. Por ejemplo en el 2000, el 28% de los programas que ejecutábamos en campo tenía componentes comunitarios, tanto para indígenas como para comunidades rurales; hoy en día el 78% de los recursos en programas y proyectos los tienen".
No obstante, reconoce que el "gran problema" actual es que la demanda de las comunidades por la aplicación de proyectos productivos es mayor a lo que pueden ofrecer, por lo que sólo están cubriendo a un tercio de los grupos interesados.
Con más coincidencias que divergencias, por lo menos en el discurso, comunidades indígenas y gobierno tienen su oportunidad para acercar posiciones. Siempre será mejor hoy, que dentro de cuatro años.