Suplemento de MILENIO Diario
y SEPRADI, 10 de octubre de 2008/ Número 3
OPINIÓN
DETALLES
José del Val*
El asalto a la territorialidad
Aunque es temprano todavía para hacer una evaluación
rigurosa y objetiva de lo alcanzado por los movimientos de los
pueblos indígenas en los últimos 30 años,
es impostergable insertar el análisis de las celebradas
conquistas en un marco más comprensivo de las determinaciones
fundamentales en el mundo contemporáneo, lo que nos obliga
a ubicar estas conquistas en las estrategias e intereses explícitos
y comprobables en los procesos de globalización neoliberal.
No hacerlo así y de manera urgente, ubica a los pueblos
indios y a sus aliados en una situación grave de confusión
esquizofrénica, que resulta de enorgullecernos de haber
alcanzado la plena visibilidad social e incipiente cristalización
jurídica de sus derechos, al tiempo que constatamos la
irrelevancia fáctica de los instrumentos jurídicos
establecidos, lo que se comprueba día a día en
la negativa y el desprecio tácito que las instituciones
internacionales y nacionales exhiben en el cumplimiento de los
acuerdos trabajosamente construidos.
Las representaciones nacionales establecieron como base y límite
para el reconocimiento de derechos colectivos las diferencias
culturales, en el marco de los derechos humanos, y rechazaron
toda discusión o acuerdo en las cuestiones sustantivas.
Me refiero de manera principal al insuficiente reconocimiento
a los pueblos indígenas como sujetos de pleno derecho,
lo cual retiró su capacidad de una negociación
equitativa y de transformación en los órdenes y
procesos nacionales.
Al despojarlos del instrumento fundamental para actuar en sus
sociedades, era evidente que el resto de las exigencias y derechos
quedaran subordinados y minimizados a los límites establecidos
por la ambigua condición aceptada de sujetos políticos.
Sin embargo, a pesar de esta evidente derrota de las aspiraciones
de los pueblos indios, los organismos internacionales y nacionales
lograron mantener su interés y expectativa en las negociaciones
internacionales, con el apoyo decidido de financieras y la intermediación
económica de un considerable número de ONGs, que
florecieron acompañando el liderazgo de los pueblos en
este proceso.
El segundo aspecto, tal vez igualmente crucial y definitivo,
radica en los derechos territoriales de los pueblos; por supuesto
en este tema no fueron permitidas formulaciones ambiguas y retóricas,
que caracterizan el tono de la Declaración de Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. El
campo de la territorialidad nunca estuvo a discusión verdaderamente,
pues los estados nacionales rechazaron toda iniciativa restitutiva
o transformadora.
Simultáneamente a esta concentración de los movimientos
indígenas hacia la esfera de las Naciones Unidas, el capital
trasnacional ha venido desarrollando un modelo de apropiación
y uso de los espacios y recursos territoriales de los pueblos
indios, totalmente al margen de la Declaración, a partir
de contenidos y compromisos pactados entre las empresas globales
y los países, con el respaldo de los centros financieros
del mundo.
Un ejemplo paradigmático de este despojo descomunal en
marcha es el denominado Plan Puebla Panamá, que constituye
el mayor de los retos que deberán enfrentar los pueblos
indígenas los próximos años, y que desgraciadamente
lo tendrán que hacer sin los instrumentos jurídicos
adecuados para enfrentar la ofensiva que se prepara a sus espaldas.