|
NACIONAL |
|
|
Poco a poco fueron ganando reconocimiento, si bien no oficial (no hay todavía una ley que los avale) sí en los hechos. En 1997 el entonces gobernador del estado, Ángel Aguirre, les donó 20 armas; después los ayuntamientos les dieron camionetas y el gobernador actual, Zeferino Torreblanca, ha reconocido en diversos discursos su labor.
Los policías comunitarios son elegidos en asambleas, 12 por cada comunidad, salvo las muy pequeñas, que tienen menos. Están en el cargo tres años y los relevan; si alguno falta al reglamento, lo castigan y sustituyen inmediatamente. No reciben un salario, la gente colabora para darles de comer, pues están dando un servicio a su comunidad, y lo que está de por medio es su honorabilidad. Con todo esto, es muy difícil que se corrompan, a diferencia de "los policías que sólo van a buscar chamba o que los narcos los mandan a las corporaciones", comenta el dirigente mixteco Bruno Plácido, en entrevista exclusiva con MUNDO INDÍGENA.
El esquema de la policía comunitaria, según Plácido Valerio, representa una alternativa de seguridad para la sociedad y ello se puede comprobar en la región donde operan. "El día en que nombremos a los policías en asambleas, ese día la delincuencia se va a acabar", afirma, pues los policías adquieren un compromiso moral con su comunidad y los mismos habitantes los controlan. "No es un asunto de leyes, es un asunto de formación, es un asunto de acuerdos", explica, "los senadores o los diputados podrán hacer miles de leyes… que son pisoteadas, alteradas. Es cambiar el método y dejar que la sociedad asuma".
|
|
La CRAC, formada por los comisarios de todas las comunidades participantes, es la máxima autoridad de la policía comunitaria. Al principio se entregaba a los presuntos delincuentes al ministerio público, pero la mayoría salía libre "por dinero". Entonces decidieron hacer ellos mismos las investigaciones y poner las penas a cumplir por los delincuentes. La CRAC creo un sistema de "reeducación", que consiste en ponerlos a trabajar en obras para la comunidad supervisados por los policías, además de que deben acudir a pláticas con los ancianos de los pueblos. Una vez que cumplen su sentencia los entregan a su familia y comunidad, de manera que todos sepan que ya están libres y puedan reincorporarse a su vida cotidiana. Los delitos más comunes en la región son amenazas, abigeato, robos, violaciones y homicidios.
Desde hace tres años se integraron representantes femeninas a la CRAC. Al principio se contemplaba que atendieran los casos relacionados con las mujeres, pues cuando alguna denunciaba, por ejemplo, que su marido la golpeaba, no le hacían caso, ya que es una práctica común en la región. Ahora si un hombre le pega a su esposa le dan hasta tres años de castigo. Actualmente no sólo atienden esos casos, sino que también participan al parejo con los hombres en todas las decisiones y dan talleres de capacitación a los policías sobre derechos humanos, específicamente sobre los derechos de las mujeres. A partir de su inclusión, también ha disminuido la violencia intrafamiliar.
No hay todavía una ley que ampare a la policía comunitaria y, según Plácido, no la habrá en mucho tiempo, pues "hay una discriminación jurídica, si hubiera voluntad desde cuándo habría acuerdos legales". Afirma que, sin embargo, ellos no pueden esperar a que les den permiso, pues están ejerciendo un derecho que les corresponde y están garantizando la seguridad en la región. Además se amparan legalmente bajo el artículo segundo constitucional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y ahora también bajo la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en los artículos referentes a la autonomía y libre determinación.
Varios de los dirigentes de la CRAC tienen órdenes de aprehensión por abuso de autoridad o privación ilegal de la libertad (por detener a los presuntos delincuentes), pero hay acuerdos con la procuraduría estatal para no hacerlas efectivas. Sin embargo están ahí, como una forma de amenaza y de presión, "para que el día que quieran nos detengan", explica Bruno Plácido, "pero no nos va a parar porque tenemos claro qué queremos, tenemos claro que garantizar la seguridad tienen un precio, un costo", dice. Están dispuestos a arriesgarse, tanto ante los delincuentes como ante las "otras policías", con tal de garantizar la seguridad de sus comunidades. Y lo están logrando con un mínimo apoyo de los municipios pero sobre todo con ayuda de gente voluntaria y de las propias comunidades.
Bruno Plácido concluye invitándonos el 14 y 15 de octubre a la celebración del décimo tercer aniversario de la CRAC, que se llevará a cabo en la comunidad de Tilapa, municipio de Malinaltepec, donde además de desfile y fiesta habrá una serie de mesas redondas para analizar la situación actual de la policía comunitaria y otros temas de interés en la región.