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NACIONAL |
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La Corte le señaló al Legislativo que llevaba ya 6 años violando la Constitución al haber incurrido en esta grave "omisión legislativa", pues desde la reforma de 2001 no legisló para generar las condiciones que permitieran a los pueblos originarios contar con sus propios medios de comunicación e información. Este acontecimiento llamó la atención de ambas cámaras, por lo que generaron acciones al respecto. En San Lázaro se realizaron diversos foros que concluyeron en la convocatoria al Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI), realizado del 10 al 12 de septiembre anterior, con la asistencia de comunicadores indígenas de 23 entidades federativas. |
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A su vez, el Senado de la República conformó el Grupo Plural para la Revisión de la Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión instalado formalmente el 7 de septiembre de 2007 bajo el mandato de "ajustar el marco jurídico de las telecomunicaciones y la radiodifusión, mediante un trabajo guiado por los principios de legalidad, pluralidad, inclusión, transparencia y difusión; en el que se atiendan, puntual e integralmente, todos los resolutivos de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se tomen como guía los principios que el Máximo Tribunal del país definió como rectores de la legislación en la materia."
El CNCI concluyó con una proclama que exige al Congreso acatar el mandato constitucional de hacer tangible el reconocimiento del derecho a la comunicación y a la información de los pueblos indígenas, el cumplimiento de los acuerdos internacionales existentes y de los Acuerdos de San Andrés, además de garantizar el acceso de los medios comunitarios e indígenas a la convergencia tecnológica. También demandó la creación de una nueva ley de radio, televisión y telecomunicaciones y no la reforma a las ya existentes, exigiendo se reconozca en ellas a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y, como requisitos para la adjudicación y renovación de las concesiones, criterios sociales y comunitarios, mas no monetarios.
La Cámara de Diputados acordó acatar este mandato y promover una nueva ley, además de comprometerse a la asignación de presupuestos para el desarrollo de los medios de comunicación indígena, su actualización tecnológica, la capacitación de sus operadores y la formación de profesionales.
De ahí que dentro del Presupuesto Federal de 2008 quedaran aprobados 50 mdp para proyectos de comunicación indígena una vez que el dictamen resulte aprobado por la Mesa Directiva de la Comisión de Asuntos Indígenas. Pero en su reunión del pasado 30 de abril, los diputados Humberto Alonso Razo (PRD) y Martha Cecilia Díaz Gordillo (PAN) contradijeron los acuerdos expresados ante el CNCI, al solicitar que los proyectos de comunicación se sacaran de la relación final, porque no eran de su interés directo.
En cuanto al Senado de la República y el Grupo Plural, se mencionó como resultado principal haber reunido diversas aportaciones para la reforma de la ley, a partir de las audiencias que tuvieron, dentro de las que se escucharon los resolutivos del CNCI, presentados ante ellos el 24 de octubre de 2007.
Paralelamente, los pueblos indígenas continúan denunciando las limitaciones y la represión de que son objeto sus medios de comunicación, principalmente las radios comunitarias indígenas y quienes participan en ellas, alcanzando esto acciones extremas de violencia e intolerancia como el asesinato no aclarado de las dos locutoras Triquis el pasado 7 de abril en Oaxaca o las agresiones a los reporteros de Radio Huave, una de las radios comunitarias indígenas más antiguas del país, el pasado 28 de abril también en Oaxaca.
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