Suplemento de MILENIO Diario
y SEPRADI, 12 de mayo de 2008/ Número 1
OPINIÓN
Responsabilidad del Congreso
Aleida Calleja*
Del 21 al 25 de abril, una misión internacional, conformada
por 11 de las principales organizaciones que defienden la libertad
de expresión en el mundo visitó nuestro país,
a fin de obtener información con autoridades estatales
y federales sobre las agresiones, asesinatos y desparaciones
en contra de periodistas y medios de comunicación, las
cuales, ante su incremento, nos hacen en la actualidad el país
con mayor peligro para ejercer el periodismo en las Américas.
Como parte de su agenda, también se entrevistaron con
las víctimas de las agresiones, entre las que podemos
encontrar a varias emisoras comunitarias indígenas, especialmente
en el estado de Oaxaca. Todavía unas semanas antes de
la llegada de dicha misión, se perpetró el asesinato
de dos periodistas de la emisora La Voz que Rompe el Silencio,
ubicada en San Juan Copala, en la región triqui, el cual
sin ninguna duda es reprobable e inadmisible. A pesar de ello,
no se ven visos de castigo a los culpables por parte de las autoridades
correspondientes, pues más allá de que digan que
los asesinatos son producto de conflictos intercomunitarios,
es su obligación encontrar y castigar a los asesinos.
De entre los testimonios recabados entre los integrantes de la
radio en la región triqui, en la emisora Radio Calenda
de la zona zapoteca de los Valles Centrales y en Radio Nandia
de la zona mazateca de Oaxaca, encontramos que la impunidad y
la falta de un debido proceso ante ataques de agentes directos
o indirectos del Estado es una constante, por lo que el ejercicio
de la libertad de expresión por parte de las comunidades
indígenas en nuestro país enfrenta muchos obstáculos.
Uno de ellos es la falta de reconocimiento por parte del Estado
Mexicano para que se haga cumplir el artículo 2º
constitucional, en el sentido de que puedan instalar, operar
y administrar sus propios medios de comunicación, pues
ese derecho es inexistente en la legislación federal de
radio y televisión, sobre todo ahora, con lo que establece
la llamada "ley televisa". Este derecho debiera ser
no solamente reconocido, sino también garantizado por
el Estado, no sólo para que puedan ejercer la radiodifusión
comunitaria, sino también todo aquel modelo de radiodifusión
que las comunidades consideren conveniente para su desarrollo,
pues en ningún momento el precepto constitucional obliga
a que sea sólo un tipo de radiodifusión, por lo
que una ley en la materia debiera sentar las bases para garantizar
de manera amplia este derecho.
Aun y cuando las emisoras comunitarias tengan reconocimiento
legal -y ello se refiere a contar con la autorización,
mediante un trámite administrativo frente a la autoridad
federal para obtener un permiso- vemos un patrón de agresiones
en contra de su ejercicio por el tipo de línea informativa
y editorial que manejan, sobre todo en Oaxaca, donde ante la
intolerancia de poderes locales, formales o informales, a que
se ejerzan posiciones distintas a las suyas, en pocas palabras
al ejercicio del derecho al disenso, se acude a vías violentas
para tratar de acallarlas.
Lo peor de todo es que la mayor parte de los casos se encuentran
en la impunidad, pese a que se tienen muy bien identificados
a los autores de las agresiones. Ello, sin ninguna duda, violenta
de manera sustancial el estado de derecho en nuestro país.
El derecho de las comunidades indígenas a contar con sus
propios medios de comunicación es diferente a contar con
medios de los llamados indigenistas. Éstos últimos
son propiedad de una instancia del Estado, la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
la cual decide la política y los contenidos de sus emisoras,
por lo que son más bien medios estatales, que, cabe decir,
son de los pocos en manos del Estado que se acercan al servicio
público. El punto central es que sean las propias comunidades
y grupos indígenas quienes tengan de manera directa la
propiedad del medio de comunicación, pues ello determina
su posibilidad de autonomía e independencia para definir
sus políticas, contenidos y posiciones editoriales. Permite
de manera más plena el ejercicio de su derecho a la comunicación,
el cual seguirá siendo de papel en tanto no exista una
nueva ley de radio y televisión, que garantice en la realidad
este derecho para las comunidades y pueblos indígenas.
Esta es una más de las deudas históricas que este
país tiene con ellos, y esto es responsabilidad directa
del Congreso.
*Vicepresidenta
de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)