Suplemento de MILENIO Diario
y SEPRADI, 12 de mayo de 2008/ Número 1
OPINIÓN
CRÓNICA DE LA BARBARIE
Martín Equihua*
Fortalecer la comunicación
indígena
El marco normativo vigente, garantiza que pueblos y comunidades
indígenas aspiren a crear medios propios para el desarrollo
de procesos formales de comunicación. De hecho, fue un
argumento categórico de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, para declarar la inconstitucionalidad de las
leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones que
dejaban en "desventaja" al sector que representa el
10 por ciento de la población nacional, y que, sin duda,
es mucho más que una estadística. Prevé,
así mismo, la obligación del Estado para garantizar
ese derecho.
La comunicación indígena en voz, letras e imagen
propias, es una realidad que se abre paso a través de
diversos medios. Ha acompañado el proceso de organización
independiente, desde los años setentas, en que adquirió
perfil inter-comunitario, hasta sus dimensiones nacional y continental
de hoy, con sus diversas expresiones. Su despliegue es una condición
sustantiva para el desarrollo de una democracia de calidad en
nuestro país.
Es un derecho afirmado en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Derechos Lingüísticos
y la Declaración de la ONU sobre Derechos Indígenas
-que contiene el mínimo contemporáneo de reconocimientos
al que deberán sujetarse los Estados Miembros-; amén
de otros instrumentos normativos.
Pero la reglamentación de ese derecho sigue pendiente
y el legislador no puede evadir, por más tiempo, el acceso
indígena al campo de la comunicación apuntalada
por tecnología de punta. La condición de indefensión
comunitaria frente al poder ideológico y cultural que
los grandes medios ejercen, en mucho explica el penoso y acelerado
proceso de debilitamiento y extinción de lenguas y otros
distintivos culturales. La indolencia de un Estado, que proyecta
la ausencia de representantes indios en sus principales órganos
de decisión, no puede continuar. La llevada y traída
reforma del Estado nunca será tal si persiste la marginación
comunicativa.
En las disposiciones legales citadas, se prefigura lo que podríamos
llamar la política editorial del conjunto de medios indígenas,
más allá de los matices que distinguen a cada uno:
su contribución para preservar y desarrollar las lenguas
indígenas; el derecho a saber y heredar el conocimiento
de historia propia, cultura, idioma, filosofía, proyectos;
la apertura a todas las voces locales y al mundo informativo
en general, desde la socorrida perspectiva intercultural; el
derecho a tener un proyecto político; la promoción
de tolerancia, derechos humanos, medio ambiente. Y por supuesto,
su tendencia crítica que los convierte en una barrera
moral contra toda forma de abusos.
Dentro del mundo de pendientes, además del legislativo,
destaca la apertura de los grandes medios -obligación
del Estado- a la pluralidad cultural, con programas en todas
las lenguas nacionales. La formación profesional de comunicadores
indígenas, para la que hay interés pero pocas opciones,
a no ser algunos cursos independientes o diplomados del sistema
de universidades interculturales. Se necesita, así mismo,
retroalimentar el proceso de comunicación con investigaciones
que den cuenta de los medios propios, y del cómo las nuevas
tecnologías han salvado distancias y fronteras y se han
ido asimilando en los pueblos indios; y mucho más de los
procesos comunicativos irreversibles a pesar de las tragedias,
presentes cotidianamente en lo que llamamos, para simplificar,
mundo indígena.
De esta forma, MILENIO ha acertado al abrir sus páginas
a las voces del México plural, como no ocurre en otros
grandes medios, que siguen creyendo que el mundo indígena
es sólo un reservorio de sorpresas guerrilleras, turbas
y brujos, o cuando más, de objetos para el deleite del
antropólogo que todo turista lleva dentro.