Declaracion de la 7 Asamblea Nacional del CNI

Nuevamente la casa de los pueblos indígenas de México, el Congreso Nacional Indígena, se ha llenado de las voces de sus representantes. Nuestra VII Asamblea, realizada los días 8, 9 y 10 de abril del Año 2000, fue oportunidad para compartir la palabra de antiguos hermanos de camino y conocer la de nuevos compañeros que han hecho suyas las demandas del Congreso Nacional Indígena. Hemos reunido nuestras voces para compartir y potenciar nuestra lucha por la reconstitución de los pueblos indígenas y el pleno ejercicio de la autonomía.

Para nosotros autonomía es la reconstrucción de la organización propia, a partir de las experiencias históricas de los pueblos indígenas, en un proceso que implica revalorar la cultura de cada pueblo y reinventarla de acuerdo a las condiciones actuales, para tejer un proyecto de trabajo común a todos los pueblos de México.

Es condición básica de la autonomía la paridad, la igualdad en la diferencia, la democracia y la equidad entre hombres y mujeres, entre indígenas y no indígenas, entre todos los seres humanos. Nuestro derecho a la autonomía y a la libre determinación está plasmado en los Acuerdos de San Andrés, sin embargo, el gobierno se ha empeñado en coartarlo y reprimirlo.

La experiencia que hemos vivido nos indica que históricamente hemos sido tratados como objeto por los partidos políticos, quienes nos han utilizado en las contiendas electorales, cerrándonos los espacios para ser sujetos de nuestro propio destino. La forma en la que se están realizando las campañas políticas electorales y el contenido de las plataformas de los partidos no toman en cuenta el nuevo perfil del movimiento indígena, ni su renovada actividad política y social. Todavía predomina en ellas la idea de un voto fácilmente manipulable y sin dignidad.

En lugar de recoger la exigencia del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, que se concretan en la propuesta de reforma constitucional de la Cocopa, los partidos políticos han deformado y achicado sus contenidos. Los partidos políticos no presentan una propuesta de fondo sobre la nueva relación del estado y la sociedad con los pueblos indígenas.

El territorio y la propiedad comunal son piedra fundamental de nuestro ser y nuestro actuar. Hoy este régimen de propiedad esta amenazado por todos los frentes. La política de privatización de la tierra, la reforma al 27 Constitucional y su ley reglamentaria, así como los programas de gobierno que se derivan de ellos, han atentado contra la base de las comunidades. El gobierno, al aceptar acríticamente lo que el gran capital le impone como globalización, ha impulsado una política general de privatizaciones que ha resultado en una mayor desigualdad entre los mexicanos. Se ha avanzado violentamente en la privatización de la tierra, la energía eléctrica, la salud, el agua potable, el patrimonio cultural, natural e histórico, la educación en todos sus niveles, -en particular en el nivel superior-.

Ha sido constante el ataque a las bases de autosuficiencia de nuestras comunidades, por medio de programas destruyen la agricultura tradicional. Se han introducido nuevas variedades de cultivo que ponen en peligro la diversidad biológica del país y la salud de los mexicanos, como es el caso de los cultivos transgénicos. La destrucción de la vida comunitaria y la falta de empleo ha incrementado el abandono de nuestras comunidades. Los programas sociales del gobierno no buscan resolver el problema de la pobreza, sino que son asistencialistas, clientelares, aplicados de manera autoritaria. Los servicios sociales se condicionan a la pertenencia de organismos ajenos a las comunidades y a dar el voto al partido en el poder. El programa Progresa, sobre la base de engaños ha esterilizado a indígenas. La política estatal hacía el campo empuja a cortar de raíz las iniciativas comunitarias autónomas.

La educación que imparte el estado es una amenaza a los valores de la vida comunitaria y está encaminada a destruir nuestra estructura institucional. Nuestros usos y costumbres, nuestra tradiciones y nuestra cultura en general se han deformado irrespetuosamente para darle un carácter comercial. Y los sitios arqueológicos, centros ceremoniales y lugares sagrados ha sido usados para fines que no corresponden a su carácter público y nacional.

La política de exclusión y el proyecto económico impulsado por el gran capital, tiene como complemento obligado el incremento de la represión. Como dice la Declaración de Chilpancingo, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas: "Todos los atropellos y violaciones a nuestros derechos por parte de los militares, que con el pretexto de hacer una labor social y de combatir al narcotráfico ha venido violando a las mujeres, induciendo a la prostitución, destruyendo, sembrando la muerte en nuestras tierras." Por todo lo anterior,

La negativa del gobierno a reconocer íntegramente los Acuerdos de San Andrés, y su oposición a la iniciativa de reforma constitucional de la Cocopa, no frenará nuestra lucha por la libre determinación y la autonomía de nuestros pueblos. Por el contrario, hoy como ayer, como siempre refrendamos nuestra demanda de que el Estado mexicano reconozca la existencia de nuestro pueblos indígenas y sus derechos colectivos: la libre determinación expresada en un régimen de autonomía, el territorio, nuestros órganos de gobierno, nuestros sistemas y normativos y nuestra cultura. El CNI se opone, en todas las regiones indígenas del país, a la creciente militarización. Nuestra lucha es porque sea el diálogo, y no las soluciones de fuerza, el medio para superar los profundos conflictos, que estamos enfrentando los mexicanos. Pero no cualquier diálogo, exigimos un diálogo verdadero, donde se planteen soluciones de fondo a los problemas y los compromisos asumidos se cumplan.

La comunidad y sus instituciones tradicionales son el sustento de la vida democrática en nuestros pueblos y base para el ejercicio de la autonomía. Mas para ello es necesario que el gobierno reconozca el legítimo derecho de los pueblos indígenas a sus territorios y los respete; termine con la política de fragmentación de la tierra y ponga fin a las políticas de apoyo al campo de manera corporativa. La nueva relación entre el gobierno, la sociedad y los pueblos indígenas debe basarse en el reconocimiento de derechos colectivos, no en políticas individualistas, asistencialistas o paternalistas.

La globalización, con todo y sus afectos adversos, también va permitiendo una solidaridad cada vez más estrecha entre los pueblos del mundo. El CNI se propone intensificar sus relaciones internacionales y desde ahí apelar a los organismos públicos y a los pueblos del mundo.

La contienda electoral debería ser una oportunidad para fortalecer la autonomía de los pueblos indígenas y promover el reconocimiento de sus derechos. Con el respeto que el Congreso Nacional Indígena ha tenido frente a las decisiones políticas y organizativas de las pueblos y organizaciones que lo conforman, no se plantea ninguna directriz electoral. Ajena a toda actividad electoral, nuestra organización exhorta a sus miembros a reflexionar detenidamente sus decisiones electorales y revertir la tendencia despolitizadora de las campañas electorales. Consideramos que nuestra lucha debe encaminarse a construir un nuevo poder al servicio de la causa de los derecho indígenas y no a administrar el poder actual, que los niega. En síntesis, la lucha por el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos indígenas sigue. No descansaremos hasta reformar el orden jurídico y las instituciones estatales que los niegan, así como revertir las actuales políticas integracionistas; en esta lucha sabremos aprovechar los instrumentos jurídicos de carácter internacional a nuestro alcance.

UNIÓN DE PUEBLOS CONTRA LA REPRESIÓN LOXICHA, CNPI, FORO MAYA PENINSULAR, YOMLEJ, FREPOSEV, FRENTE DE PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS DEL DISTRITO FEDERAL, PROCESO POPOLUCA, COMUNIDAD YALALTECA DEL VALLE DE MÉXICO, CDH DE LA SIERRA NORTE DE VERACRUZ, UNIÓN DE PUEBLOS INDIOS DE MANANTLAN, CIOAC DEMOCRATICA, XINICH, SOCIEDAD CIVIL DE LAS ABEJAS, ORGANIZACIÓN NACIÓN PURÉPECHA ZAPATISTA, ASAMBLEA DE PRODUCTORES UNIDOS, SERVICIOS DEL PUEBLO MIXE, ASAPROM, TALLER DE LA LENGUA Y TRADICIÓN ZAPOTECA, ALTA TARAHUMARA, CE-ACATL, COLECTIVO OAXACA POR LA PAZ, COORDINADORA NACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS, CALPULLI TEOTIHUACAN, COMITÉ DE DEFENSA CAMPESINA DE VERACRUZ, UCEZ, FRENTE POPULAR FRANCISCO VILLA, CONSEJO INDÍGENA MPAL. CHOCHOLTECO, COOPERATIVA TEXTILES AMUSGO, CENTRO DE DERECHOS INDÍGENAS DE OAXACA, CONSEJO GUERRERENSE 500 AÑOS DE RESISTENCIA, CONSEJO CULTURAL DE ATLAPULCO, GOHO N´DENHI A.C., ALIANZA DE PUEBLOS INDÍGENAS, EJIDOS Y COMUNIDADES DE ANAHUAC, MOVIMIENTO DE ARTESANOS INDÍGENAS ZAPATISTAS, RARAMURIS KUKAPOO, CARAVANA MISIONERA, NACIÓN PURÉPECHA.