CONGRESO NACIONAL INDIGENA

Representantes de los pueblos mixteco, tlapaneco, amuzgo, nahuatl, tzeltal, zapoteco, chatino, chocholteco, popoluca, chontal, chinanteco, mazateco, maya, mayo, wixaritari, rarámuri, purépecha, ñahñú, driki y totonaco, instalamos el Campamento Nacional Indígena en el Zócalo de la Ciudad de México desde el día 10 de abril de 1998, aniversario del asesinato de nuestro Gral. Emiliano Zapata. Esta fue una nueva demostración de que tenemos la decisión de participar en la construcción del nuevo futuro de nuestros pueblos indígenas y de México todo. Hemos hecho oír nuestra voz para exigir el reconocimiento completo de nuestros derechos a la libre determinación y autonomía como pueblos indígenas.

En esta jornada de lucha que se extendió durante todo el mes de abril, desde la salida de los primeros contingentes en este Levantamiento Nacional Indígena por la Paz y el Reconocimiento Constitucional de nuestros Derechos, recibimos muestras solidarias y fraternas, así como la participación y colaboración de organizaciones sociales y del pueblo de México en general, encabezadas por el FZLN, la Intersindical 1o de Mayo, UPREZ y el FPFV, entre muchas otras organizaciones académicas, de colonos, estudiantes y ciudadanos comprometidos.

Vemos que el clima que hay en el país continúa enrareciéndose. Desde el poder se sigue apostando a la radicalización y la confrontación en todo el país. Los calificativos que utiliza el Presidente de la República, los funcionarios públicos federales y estatales, así como de círculos de la clase política mexicana, están lejos de promover la reconciliación y encauzar el proceso de paz, como una condición indispensable para lograr la transformación hacia la democracia en nuestro país.

Vemos que en el país, las palabras incendiarias en contra de la causa zapatista, de la mediación civil, de la comisión legislativa de coadyuvancia, ha provocado grandes estragos en los principios básicos del proceso de diálogo y negociación: hay más desconfianza en que la palabra del gobierno sea verdadera, no hay certidumbre de que llegue a cumplir sus compromisos ante la Nación, y cada vez más se polariza a la población, pretendiendo que la realidad sea blanca o negra, buena o mala absolutamente.

El ánimo que debe haber para lograr una solución pacífica a los muchos conflictos que hay en el país, y que juntos, en unidad, nos permita avanzar hacia la transformación democrática de la Nación, es un ánimo que hemos pretendido demostrar los pueblos indígenas organizados en el Congreso Nacional Indígena. Entre nosotros tenemos diferencias, representamos una gran diversidad entre nosotros mismos, pero hemos comprendido que tenemos grandes convergencias y un interés común: construir una nueva nación, donde quepan los muchos Méxicos que somos.

El ánimo que pretendemos influir a todos nuestros hermanos mexicanos es el que ayude a evitar la confrontación estéril que ya muchas muertes de los más pobres, de los indígenas, ha costado ya. Nunca claudicaremos de nuestros principios, pero siempre estaremos dispuestos a arriesgarnos a lograr los consensos necesarios para cambiar el clima de odio y terror que soldados disfrazados de paramilitares, y paramilitares disfrazados de políticos, han llevado a nuestros pueblos a mayores sufrimientos.

Los Pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de México, representados en el Congreso Nacional Indígena y participantes en nuestro "Levantamiento Nacional Indígena por la Paz y el Reconocimiento Constitucional de nuestros Derechos", en el marco de nuestra 4a. Asamblea Nacional,

Nunca antes en la historia de nuestro país se había presentado una crisis legislativa y de observancia de los derechos humanos como la que actualmente ha provocado y promueve el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, sus distintas dependencias, los gobernadores de los estados y algunos partidos políticos. Así lo demuestran los más de 500 presos políticos indígenas que existen en las distintas cárceles del país, además de los desaparecidos políticos, crímenes y asesinatos, en los cuales existen evidente participación y culpabilidad de los gobiernos. Nunca antes el gobierno de México había hecho caso omiso de las recomendaciones y observaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos.

Con relación al proceso de diálogo interrumpido desde agosto de 1996 por incumplimiento del gobierno, la postura del Ejecutivo Federal es realmente absurda al pretender ignorar a interlocutores legalmente reconocidos para la búsqueda de la paz en México. Nuevamente el Gobierno Federal desconoce en su discurso los antecedentes de la prolongada crisis del diálogo, eludiendo su responsabilidad en el cumplimiento de los Acuerdos firmados en San Andrés Sakamch¹en de Los Pobres el 16 de febrero de 1996.

En su estrategia de guerra el doctor Zedillo y sus asesores pretenden hacer creer al país que con la aprobación de su iniciativa de ley, la paz llegará a nuestras tierras. El gobierno exige restablecer un "diálogo" con decenas de miles de soldados, tanques y aviones de guerra acosando y apuntando sus armas en contra de las comunidades indígenas zapatistas. A la sociedad civil y a la CONAI, instancia civil mediadora del conflicto, el gobierno le exige silencio y complacencia ante los crímenes que impunemente cometen sus soldados, guardias blancas, bandas paramilitares y paraestatales. El gobierno federal pretende aislar a México del resto del mundo, persiguiendo y atacando la solidaridad internacional para acabar con esta causa justa. El gobierno pretende acabar con las voces que reclaman justicia. Pretende encarcelar la libertad y expulsar a todos cuantos vean, oigan, piensen y denuncien lo que está sucediendo en nuestro país. Pretende asesinar la democracia con más engaños, con más muerte inútil, con más falsas declaraciones y acciones violentas. Ya son muchos nuestros muertos por la falta de cumplimiento gubernamental de los Acuerdos de San Andrés, del Convenio 169 de la OIT, de la infinidad de resoluciones presidenciales para proteger nuestras tierras, y el incumplimiento a la justicia social tantas veces prometida desde la Revolución mexicana.

Para los indios de todo el país los Acuerdos de San Andrés constituyen nuestro principal programa político; su cumplimiento es responsabilidad del gobierno y de todos los mexicanos para saldar la gran deuda histórica con nuestros Pueblos Indios. Reiteramos nuestro respaldo al esfuerzo surgido de un amplio proceso de consulta en numerosos foros regionales y del Foro Nacional Indígena, y que finalmente fue cristalizado por los legisladores de todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, a través de la iniciativa de reformas constitucionales de la COCOPA, que cuenta con el consenso del EZLN y de los pueblos indígenas representados en este Congreso Nacional Indígena.

Para el Gobierno Federal y las compañías del capital extranjero, los Acuerdos de San Andrés representan el principal obstáculo para el desarrollo de su modelo económico neoliberal y el saqueo de los recursos y riquezas naturales de nuestro Pueblos Indios y de todos los mexicanos.

El Ejecutivo Federal ignora nuestra verdadera historia y con ello pretende desconocer nuestra existencia. El presidente busca imponer su voluntad al país por "la fuerza de la ley". Muy probablemente pasará, como muchos otros, sin entender que la razón verdadera, la palabra verdadera y la fuerza de la historia, se ha demostrado al mundo en más de 500 años de larga resistencia de nuestros Pueblos Indios.

Nosotros, el Congreso Nacional Indígena, desde este campamento instalado en el Zócalo de la ciudad de México, nos hemos dirigido a los distintos sectores de la sociedad nacional en la búsqueda de un camino nuevo para todos, conscientes de que la verdadera paz con justicia y dignidad es responsabilidad de los indios, los trabajadores, las mujeres, los estudiantes, los campesinos, los maestros, y de todos los que aún creemos que en México es posible gobernar para todos sin represión, que es posible gobernarnos mandando obedeciendo, así lo hemos aprendido y ejercido en nuestros pueblos y comunidades indígenas.

El tránsito a la democracia, lo que el gobierno denomina reforma del Estado, pasa necesariamente por el reconocimiento constitucional de los derechos de los Pueblos Indios; constatamos la actual incapacidad del Ejecutivo y del Legislativo para lograr este paso tan importante en nuestra historia. Ante este hecho evidente, desde este Zócalo de la ciudad de México Tenochtitlan, declaramos que es el momento de los indios y la sociedad civil avanzando organizados para llevar a la práctica el ejercicio de nuestra autonomía desde nuestros pueblos, desde las ciudades, desde las escuelas, las fábricas, los barrios, y desde cualquier espacio habitado por mexicanos dignos, que los somos todos los que creemos que la paz es alcanzable a través del diálogo y sin violencia.

Siempre hemos manifestado junto con el EZLN nuestra pacífica voluntad de diálogo y es por ello que mantendremos como una de las principales demandas del CNI en esta coyuntura el cumplimiento de las cinco condiciones para reiniciar el proceso de diálogo y negociación de San Andrés Sacam Ch'en de los Pobres.

Como en muchas otras ocasiones en la historia de nuestro país, el movimiento indígena nacional representado en nuestro Congreso Nacional Indígena, marchará este 1o. de mayo junto a los trabajadores y el pueblo de México porque sabemos que la única solución para terminar con la injusticia y la antidemocracia, debe venir de la unidad de todos los caminos, de todas las historias, de todas las luchas, de todas nuestras voces para seguir honrando dignamente la memoria de todos nuestros muertos.