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Estimados amigos y amigas:

DEFENSORIA MAYA, desea compartir con ustedes su análisis breve del impacto político resultante de la implementación del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

Este documento tiene la intención de generar debate profundo y serio en torno a las perspectivas del Pueblo Maya, dentro del proceso de Paz y de la construcción de la Democracia.

Si tienen comentarios serán bienvenidos. Si desean discutir nuestra propuesto esperamos a que lo hagamos para enriquecer nuestras visiones.

Atentamente:

Defensoría Maya
32 avenida 1-56 zona 7,
Colonia Utatlá I
Telefax: 5946575
E-mail: defemaya@guate.net

REFLEXIONES SOBRE EL ACUERDO IDENTIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A CINCO AÑOS DE SU FIRMA POR EL GOBIERNO Y LA UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA -URNG-

En el marco del Proceso de Paz negociada, el 31 de marzo de 1995 se conoció la noticia de las partes en conflicto, -el ejército-gobierno y la URNG- habían alcanzado acuerdos mínimos en torno al tema: "Derechos de los Pueblos Indígenas en Guatemala". Esto fue motivo de alegría y satisfacción por parte de los dirigentes y organizaciones de la sociedad civil, pero principalmente de las organizaciones mayas que habíamos luchado sin descanso, para exigir y demandar a los actores de la guerra de esos años, alcanzar un acuerdo con contenido satisfactorio y profundo para erradicar la discriminación, exclusión y la explotación que el Estado viene practicando contra el Pueblo Maya desde hace muchos siglos.

El análisis político en torno al contenido del AIDPI de las organizaciones mayas aglutinadas en la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala -COPMAGUA- de aquella época, se afirmaba que: el AIDPI contenía lo mínimo en aspiraciones exigidas y sentidas del Pueblo Maya; que no satisfacía totalmente a los Pueblos Indígenas, pero que constituía un instrumento político, donde por primera vez, el Estado reconocía su práctica sistemática de opresión y discriminación en contra del Pueblo Maya. Además reconocía que los conocimientos científicos, políticos, jurídicos, culturales, educativos, tecnológicos y otros podrían ser elementos que vendrían a enriquecer y fortalecer un Estado y un sistema que beneficiara a todos los habitantes del país.

Es bueno recordar, que para el gobierno y la URNA el tema derechos de los Pueblos Indígenas estaba ausente del temario general de negociaciones de Paz. Se logró su inclusión, gracias a las múltiples gestiones de cabildeo político, negociaciones y manifestaciones de protesta que generó la dirigencia maya, con representantes de gobiernos, en círculos del gobierno y con la comandancia de la URNG. También se propuso por parte de las organizaciones mayas que los negociadores del tema indígena fueran los propios mayas, por conocer, sentir y entender lo que significa estar excluido de las decisiones de Estado, pero la propuesta fue desechada.

Presentamos este breve análisis para que reaccionemos políticamente y podamos retomar o definir nuevos caminos necesarios para hacer avanzar la reivindicación y el cumplimiento integral de los derechos colectivos del Pueblo Maya, Garífuna, Xinka y Ladino. También deseamos compartir nuestra visión con la comunidad internacional, pueblos indígenas del mundo para que contribuya en su experiencia de lucha y negociación con los Estados.

Hoy, a cinco años de la firma de dicho acuerdo, podemos reflexionar con más objetividad qué ha significado este Acuerdo en la vida del Pueblo Maya y de la sociedad guatemalteca:

Con relación al Estado:

En cuanto a la incidencia en la modificación de las políticas públicas del Estado hacia el Pueblo Maya, el AIDPI ha sido inoperante y nulo. Las prácticas del Estado, la definición de las instituciones, su filosofía, su doctrina, la distribución del gasto público, el pragmatismo político, así como la emisión de leyes, siguen siendo favorables a un solo reducido grupo social, de procedencia económica y étnica, por lo tanto, continúa la discriminación y el racismo en toda su magnitud e intensidad como política de Estado.

Es verdad que la erradicación de la discriminación nos tomará mucho tiempo y quizás generaciones, pero hasta el momento, la voluntad política del Estado y de los que dirigen el mismo no se manifiesta en nada.

Ciertamente se nos han abierto espacios de participación de organizaciones mayas y representantes individuales en negociaciones y ocupación de puestos en el Estado; al mismo tiempo se han definido canales de "negociación" entre representantes indígenas (comisiones paritarias y especiales) y el gobierno para operativizar el AIDPI, pero las estrategia dominante ha sido la del gobierno, primero, para folklorizar el Estado, es decir aparentar que se toma en cuenta a los mayas y, segundo, para obligar a avalar y reafirmar el Estado de Derecho racista y ajeno totalmente a la visión y práctica de los mayas.

Ni el gobierno anterior (1996-2000) y mucho menos el presente, le han dado la prioridad e importancia al tratamiento del tema indígena. Lo nuestro ocupa siempre el último lugar en la agenda nacional, y dudamos si aparece en la agenda del gobierno actual, quien puede justificar que hay indígenas incrustados en el gabinete o que nombrará mayas como embajadores, pero esto es dentro del marco de "cooptación" y del "integración" maya al Estado, lo que produce dispersión y debilitamiento de las fuerzas del movimiento indígena. Nuestra crítica no va a los mayas que han aceptado el reto de participar en el gabinete o en otros círculos de poder, sino a la política de Estado que los ahoga y no les deja desarrollar las políticas propias de los mayas. Aunque también hay que reconocer, que hay mayas que han aceptado el juego del reformismo o integracionismo.

Lo anterior explica por qué el gobierno sólo le ha dado cumplimiento a aspectos formales y operativos, como la instalación de las comisiones paritarias, pero no se la ha da tratamiento a los temas sustanciales que contiene el AIDPI.

Con relación a las sociedad guatemalteca:

El AIDP no ha sido apropiado por las organizaciones e instituciones, sean públicas o privadas de la sociedad civil; tampoco lo han adoptado o apropiado los sectores de poder económico, militar y político quienes han visto al Acuerdo y el tema Maya como algo ajeno a sus intereses. Sociedad organizada y no organizada, tienen conciencia mínima o no tienen conciencia de la existencia del Pueblo Maya en el territorio de Guatemala.

Para la mayoría de la población es normal el maltrato, la explotación brutal, las humillaciones, la descalificación, los despojos de las tierras comunales, la privatización de grandes extensiones de tierras indígenas justificadas como áreas protegidas, la discriminación e imposición de políticas del Estado hacia el 70% de habitantes.

Muchos habitantes no conocen que existe el AIDPI, porque el Estado no ha cumplido con su compromiso de divulgar dicho acuerdo a lo largo y ancho del país. El esfuerzo realizado por nuestras organizaciones en esta metaria ha sido insuficiente y de poco impacto, lo que dificulta el proceso de comprensión para modificar conductas y agendas de trabajo de toda la sociedad, que tiene la responsabilidad, junto con las organizaciones del Pueblo Maya, modificar las estructuras y composición del Estado, dado a que el que existe no nos beneficia en este momento histórico. El desconocimiento y la falta de sensibilidad de la sociedad guatemalteca respecto al tema indigena se reflejó también en el marco de las reformas constitucionales, al grado de que los grupos conservadores y de poder, iniciaron una campaña de deslegitimación a las propuestas indígenas.

El contenido del AIDPI no ha alcanzado sensibilizar la mentalidad del conjunto de la población y por ende cuando se discuten temáticas o se hacen propuestas para modificar leyes o proponer nuevas, el pensamiento que define dichas propuesta, es el pensamiento excluyente.

En relación a las organizaciones sociales, ONG's, agencias de cooperación, organismos de Derechos Humanos, Fundaciones, Asociaciones y otras:

Es seguro que los dirigentes y habitantes asociados y organizados tienen diferentes niveles de conciencia social y humanitaria, así como política y económica, además de estar luchando para hacer cambios, lamentablemente, el eje de unir fuerzas o trabajar contra la discriminación y exclusión del Pueblo Maya, sigue siendo desconocido, ignorado y ajeno a la mayoría de organizaciones. Son pocas las instituciones que realmente han apropiado el contenido del tema indígena.

Se podría decir que la mayoría de instituciones y organizaciones siguen con su propia agenda e intereses individuales, sin ninguna perspectiva de agenda colectiva de construcción de un Estado y una Nación donde los intereses y aspiraciones de los Cuatro Pueblos que existimos en el país, se vean reflejados, satisfechos. Es más, la mayoría de propuestas que se han hecho desde estas instituciones ha sido para consolidar y reafirmar el Estado de Derecho excluyente, etnocentrista y discriminatorio.

Se valora altamente la lucha de las organizaciones e instituciones al hacer propuestas y luchar por "modernizar al Estado", "democratizarlo", "descentralizarlo", de mejorar el aspecto jurídico, político, y otros aspectos, pero si no se considera las propuestas Mayas y el contenido del propio AIDPI, lo que estamos haciendo es continuar con la política de imposición y destrucción de valores, principios, normas, sistemas propios de los Pueblos Indígenas.

Lo más lamentable es que existan organizaciones y dirigentes de conciencia social y económica que tipifican las demandas, aspiraciones y propuestas indígenas, como propuestas que dividen al país, que crean confrontación o que el Pueblo Maya busca "privilegios", o derechos especiales. Esto es reflejo de la rigidez mental y demuestra que prevalece los esquematismo ideológicos de discriminación que hemos aprendido durante generaciones.

Han pasado cinco años de la firma del Acuerdo y no hemos logrado que las organizaciones e instituciones sociales hagan suyo los planteamientos, demandas y propuestas del Pueblo Maya.

En relación a las organizaciones y movimiento maya.

El logro de propuestas políticas sobre el AIDPI presentado a la Asamblea de la Sociedad Civil y ante la mesa de negociaciones entre gobierno y la URNG en 1994, propició un espacio de acercamiento, discusión y diálogo profundo de visiones y estrategias políticas entre las organizaciones y representantes mayas. Se discutió qué tipo de Estado y Nación visualizamos para erradicar la discriminación de manera jurídica, legislativa y formal.

Se analizó profundamente que lo que el país necesita es la construcción de un Estado capaz de representar y atender las necesidades e intereses de Pueblos y de ciudadanos. Por ello, el contenido del AIDPI es coherente con el planteamiento de reconocimiento de la existencia del Pueblo Maya, de propiciar espacios desde el Estado para que el Pueblo Maya pueda definir, decidir y ejecutar sus propios planes y propuestas, lo que en términos internacionales se le denomina la "LIBRE DETERMINACIÓN del Pueblo Maya. Concepto que no se mencionó como tal en aquella época por la implicación política y represiva que esto conllevaba. Además se plantea la libertad y reconocimiento de las autoridades del Pueblo Maya para tratar todos los asuntos que competen a dicho Pueblo.

Debido a la dinámica impuesta por el mismo Proceso de Paz, la dirigencia y las organizaciones Mayas no tuvimos tiempo de configura el contenido programático para la construcción del Estado que se ha trillado en diferentes círculos: el Estado y Nación Pluricultural, Plurilingue y Multiétnico. Esta situación ha provocado la confusión y dispersión de fuerzas del movimiento, dada la interpretación que cada persona y organización Maya le ha hecho al contenido del Acuerdo.

Es positivo que el movimiento Maya ha jugado un papel determinante y el que ha impulsado más este acuerdo, y podríamos decir, que es el que ha vitalizado y mantenido el Proceso de Paz últimamente. Son las organizaciones mayas de carácter nacional, regional y local las que han hecho mayor movilización y propuestas para la operativización del AIDPI. Son las que se movilizaron en 1996 para dar vida a las Comisiones Paritarias y Especiales conformadas por COPMAGUA, que por metodología de trabajo y visiones de los que conducen esta Coordinación, estas Comisiones se han reducido casi al nivel personal e individual.

Lo que parecía ser trascendental en la historia del país, las negociaciones entre representantes de gobierno y pueblos indígenas, terminó siendo un activismo sin resultados sustanciales. El movimiento Maya no logró conformar propuestas coherentes con el espíritu de los puntos o lineamientos que definieran nuevas políticas públicas del Estado, y mucho menos para crear las condiciones de establecimiento del Estado Pluricultural y Plurilingue.

A los cinco años de haberse publicado el contenido del AIDPI, el movimiento Maya en su conjunto, tiene el reto de retomar los perfiles y perspectivas definidos en el año de 1994, de lo contrario terminaremos consolidando y haciendo "pequeñas" o "pequeñísimas" reformas a este Estado que no ha cambiado nada en su doctrina, filosofía, composición y actuación hacia los Pueblos Indígenas. De seguir así, solo estaremos haciendo el juego de justificar el racismo y la continuación de la discriminación y exclusión colectiva y sistemática.

El dilema que se presenta a los líderes y organizaciones mayas es: actuar fuera o dentro del Estado para hacer los cambios y definir las políticas públicas, así como establecer las formas de gobierno plural y pluricultural. A nuestro juicio, creemos que las dos formas de participación son válidas y necesarias, siempre y cuando tengamos claro qué tipo de Estado y Nación queremos construir. De lo contrario solo seremos utilizados para folklorizar las políticas macros o para buscar prevendas de poder que tienden a garantizar intereses personales.

Por ello, no se trata solo de recalendarizar y retomar las reuniones de las Comisiones Paritarias de los pueblos indígenas con el gobierno, sino el de establecer una agenda de acuerdo marco con el Estado, antes de reiniciar los acercamientos. En la agenda podría establecerse, la prioridad nacional, la seriedad y el nivel que le dará el gobierno a las negociaciones; otro punto esencial podría ser, la vinculación de las políticas acordadas por las comisiones paritarias con las políticas públicas del Estado; otro es la negociación de un buen porcentaje del presupuesto general de la Nación para que el Pueblo Maya puede iniciar de forma sistemática y en equidad de condiciones a tratar sus propios asuntos con el Estado.

Es fundamental y urgente que los mayas, sea de manera individual u organizada, definamos y establezcamos la visión de Estado que queremos, además de establecer los puntos programáticos para construir ese Estado.

Es un derecho inalienable el que hayan mayas con visión integracionista o reformista del Estado, es decir, que crean que haciendo pequeñas reformas o el de integrarse a las políticas dominantes del mismo, logren los objetivos planteados de acabar con la discriminación.

También es un derecho el que existan organizaciones y personas mayas con visión de crear un Nuevo Estado, transformando radicalmente las leyes, creando nuevas políticas de Estado y estableciendo autogobiernos para un efectivo funcionamiento de decisión plural y pluricultural en las políticas macros. No tenemos porqué estar metidos todos en una misma coordinación o representatividad. La diversidad de planteamientos y visiones enriquecerá nuestra participación política.

En este sentido los mayas no debemos caer en la provocación de la práctica actual de poner en duda la legitimidad, representatividad y unidad de los Mayas, y menos aún utilizar la descalificación entre nosotros, porque de alguna manera, nuestros ideales, principios y objetivos no tienen cuestionamiento. No debemos olvidar que en ninguna sociedad existe absoluta legitimidad y representatividad, por más avanzada que esté en cuestión científica, técnica y política.

A cinco años del Acuerdo Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, las organizaciones mayas y los individuos debemos autoevaluarnos para examinar en qué hemos aportado para que este Acuerdo sea una realidad para nuestros Pueblos.

Seguimos creyendo que el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas es un buen instrumento y principio para acabar con la dominación y discriminación de un pequeño grupo de población, pero no el único.

Guatemala, 29 de marzo de 2000

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