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El 23 de agosto del 2002, de manera artera y cobarde es asesinado en la región de Playa Vicente, Ver., el dirigente del CODECI Prisciliano Martínez Pérez, al igual que su compañera María Elena Gutiérrez Gómez, los cuerpos de ambos fueron encontrados en la carretera federal Tuxtepec-Juchitan de Zaragoza, a la altura de la desviación de la Comunidad de Arroyo Zacate, en el municipio Veracruzano mencionado.
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Prisciliano Martínez Pérez, había encabezado el día anterior de su asesinato la toma de la Procuraduría Agraria en la Ciudad de Tuxtepec, Oax., por el asunto agrario que padecen un grupo de campesinos de la población de San José Río Manso, del municipio de San Juan Lalana, Oax., en donde existe un reparto in equitativo de la propiedad ejidal, pues alrededor de 1,500 hectáreas de primerísima calidad están en manos de caciques, entre ellos la mamá del actual Candidato a la Diputación Federal por el Distrito de Ixtlan de Juárez, Jacobo Sánchez López, protegido del Gobernador del estado José Murat, y a quien también se ha distinguido por ser del Grupo Político que dirige el Senador Ulises Ruiz Ortiz, quien pelea fuertemente la candidatura a la gobernatura del Estado en la sucesión que se avecina.
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Posteriormente el 13 de febrero del presente año, como a las doce del día en pleno centro de la ciudad de Playa Vicente, Ver., es asesinado Gaspar Hernández Matías, dirigente sustituto del CODECI. En la zona de Playa Vicente, Ver., el asesino es detenido y consignado al Juzgado Primero de Primera Instancia en materia Penal, de Cosamaloapan, Ver., en donde la Titular de dicho Tribunal lo deja en libertad en el término constitucional, argumentando la falta de elementos para sujetarlo a proceso, a pesar de que todo mundo vio cuando asesinaba de forma vil y cobarde a dicho dirigente y a pesar de las declaraciones ministeriales de los testigos presenciales del hecho y de diversas pruebas ofrecidas y desahogadas en la Averiguación Previa por el Ministerio Püblico Investigador.
Al siguiente día y debido a la Movilización realizada por la organización CODECI, el actual Secretario General de Gobierno Dr. Flavino Ríos, se comprometió que el Gobierno del Estado como coadyuvante del caso, no permitiría la salida del Asesino, sin embargo esto no sucedió así, las altas esferas del Poder Judicial veracruzano están corrompidas, permitiendo así la INJUSTICIA cometida en este asunto.
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Sin embargo, por la situación en que sucedieron los homicidios, todo supone que la autoría intelectual de estos asesinatos deviene del conflicto agrario de San José Río Manso, en donde la organización interviene, en dicho lugar también tenía su domicilio el último de los asesinados, basta ver la gran influencia de estos caciques ganaderos para poder interpretar que fueron ellos quienes han ordenado estos asesinatos, protegidos desde las altas esferas del poder y por los personajes como Jacobo Sánchez López.
En esta estrategia represiva la organización CODECI,
siguió sufriendo los embates de los grupos de poder enquistados
en el Gobierno de Oaxaca, pues después de los asesinatos
cometidos en contra de sus dirigentes, y en plenas acciones promovidas
por la organización para el esclarecimiento de los hechos
el 3 de marzo de este año, es decir 18 días después
del homicidio de Gaspar Hernández Matías, un comando
armado de la Procuraduría General de la Justicia del Estado
de Oaxaca, que preside Sergio Santibáñez Hamspire,
detiene secuestra a Catarino Torres Pereda, dirigente campesino
del CODECI, en la región de Tuxtepec, Oax. Quienes lo acusan
están ligados precisamente al candidato a Diputado Federal
ya mencionado Jacobo Sánchez López, por lo que es
obvio que la escalada de represión está diseñada
desde el Estado.
Durante un mes con 28 días, es recluido en la penitenciaría de Ixcotel, Oax., y bajo fuertes negociaciones con el gobierno, se logra su libertad el 1 de mayo del 2003, durante dicho tiempo los miembros de dicha organización siguen sufriendo amenazas de muerte, por parte de los grupos caciquiles de la zona, en especial de la familia de ganaderos de Héctor Jarquín, principal denunciante de Catarino Torres Pereda.
Ya antes de la detención de este dirigente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside el Dr. José Luis Soberanes, giró sendas MEDIDAS CAUTELARES, a los gobiernos priístas de José Murat (Oaxaca) y Miguel Alemán Velasco (Veracruz), exigiendo se garanticen la integridad física de siete dirigentes Codecistas, los cuales tienen amenazas de muerte en su contra y de los cuales se teme por sus vidas, entre ellos el mismo Catarino Torres Pereda, sin embargo ambos gobiernos nada han hecho, y de igual forma no han esclarecido los homicidios perpetrados sobre los dirigentes de dicha organización.
En la Secretaría de Gobernación, con su titular, fueron denunciados estos hechos, en una audiencia sostenida en el Archivo General de la Nación, Coordinación Nacional del Frente Nacional en Defensa de la Soberanía y de los Derechos del Pueblo, planteó el Lic. Santiago Creel, la urgente necesidad de que el Gobierno Federal intervenga en los casos graves de represión cometida contra la organización CODECI con presencia en la Cuenca del Papaloapan, del lado veracruzano y oaxaqueño, en contra de los compañeros que pertenecen a la Organización Campesina de la Sierra del Sur en Guerrero, exigiendo un alto total a todas las formas de represión que se han dado, hasta la fecha no existen respuestas.
Se están preparando las denuncias ante instancias internacionales y se han denunciado estos hechos en los Foros más importantes del país, como en el Encuentro Nacional contra el Neoliberalismo, realizado los días 2 y 3 de mayo del presente año en el auditorio del Sindicato del IMSS, y en el foro denominado "Respuesta y Resistencia Mesoamericana contra el Neoliberalismo" realizado los días 16, 17 y 18 en la población de San Juan Guichicovi, Oax.
El Frente Nacional en Defensa de la Soberanía y los Derechos del Pueblo, por su parte, convocó el 25 de enero del presente año al FORO AGRARIO CONTRA LA REPRESIÓN Y EL PARAMILITARISMO en la ciudad de Tuxtepec, en donde con la presencia de más de 40 organizaciones sociales, sindicales, indígenas e independientes de todo el país, exigió un alto total a la represión que sufren las comunidades y los dirigentes sociales.
De igual forma en este evento nacional se exigió a los gobiernos de Veracruz y Oaxaca el inmediato esclarecimiento de los crímenes cometidos en contra de los dirigentes del CODECI y la inmediata intervención de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional, para desarmar y detener a los Paramilitares de la CROCUT.
Hasta el día de hoy se esperan respuestas y la Justicia, que se nos ha denegado a pesar de las gigantescas evidencias de los hechos.
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