3 de marzo del 2003.- Es detenido por un Comando armado
de la Policía Ministerial del estado Catarino Torres Pereda.
Los hechos por los cuales es acusado se derivan de los expedientes
penales 08/2003 del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santiago
Choapam, y el expediente 09/2003 del Juzgado Quinto de lo Penal
del distrito del Centro Oaxaca.
Ambos casos tienen la singularidad de que en menos de 8 días
fueron integradas las averiguaciones previas y se obtuvieron las
correspondientes ordenes de aprehensión.
Llaman también la atención el hecho de que en ambos
casos las averiguaciones fueron integradas en la Oficina del Visitador
general de la Procuraduría General de Justicia del estado,
Erik Eras, quien fungía como Juez y parte en ambos casos.
En ambos casos Catarino Torres Pereda, fungía como
abogados de las partes, en el primer asunto (expediente 08/2003)
representaba a la comunidad de San Pedro Tepinapa, Jocotepec,
Oax., en el Juicio Agrario No 65/97, misma que reclama la restitución
de tierras a favor de ésta comunidad por el orden de las
1,500 hectáreas que se encuentra en manos de caciques.
En el otro asunto, el citado dirigente funge como Abogado de la
Sra. Ricarda López Herrera, militante de la Organización
quien desde 1997, exige le sea devuelta la parcela de su esposo
Simón López García en el ejido de Santa María
Jacatepec, Oax., en dicho asunto el citado dirigente promovió
en su calidad de abogado tres juicios agrarios en el Tribunal
Agrario de Tuxtepec, Oax., para conseguirlo.
Sin embargo tres días antes de la ejecución
material de la sentencia
( Expediente Agrario 245 y su acumulado 253/2003) fueron detenidas
el 18 de febrero de este año, dos hijas de la citada señora
Ricarda López Herrera, (Clara y María del Rosario
de apellidos López López), con lo que el mismo Tribunal
Agrario en franca complicidad, con el supuesto ofendido Juan Cruz
Márquez y el Funcionario de la Procuraduría General
de Justicia del Estado aquí citado, suspendieron la ejecución
de la sentencia, - que restituía la parcela a la señora-
las hijas de la señora fueron trasladados a la Penitenciaría
Central de Ixcotel, Oax., violándose con ello sus Derechos
Humanos, pues este procedimiento penal fue viciado de origen,
en virtud que por razón de territorio jurisdiccionalmente
el Ministerio Público que integró la Averiguación
Previa debió haber sido uno del distrito Judicial de Tuxtepec,
y no del distrito del Centro, por otro lado el Juez que dicto
la Orden de aprehensión también debió haber
sido uno del distrito Judicial de Tuxtepec, y no del distrito
judicial del Centro-Oaxaca. Además en la integración
de la averiguación se cometieron una serie de vicios violentando
los artículos 14 y 16 constitucional.
No obstante lo anterior la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, por conducto de su Visitador General Lic. Erik Eras, obligó a la citada señora a firmar un "convenio" en el cual cedía la parcela a su oponente, sin respetar la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito con sede en Oaxaca, Oax., dentro del Juicio de Garantías No 476/2002 quien contundentemente le dio la razón a la señora Ricarda López Herrera.
La calumnia y la difamación también fueron ejes utilizados por el Gobierno, para justificar la detención de Catarino Torres Pereda, durante los meses de Septiembre y Octubre del 2002, en los medios de comunicación Regionales y estatales, fueron publicados hechos en el cual se acusa al dirigente de haber desviado recursos de programas federales a su favor, sin comprobar estos hechos medios de Prensa como el Noticias, El Sur, Horizonte 2000, así como el Noticiero Panorama de la Estación Radiofónica XEXP, publicaron en sus titulares la información de que 2 millones de pesos fueron utilizados por Catarino Torres Pereda. Aquí cabe agregar que el Gobierno utilizó a supuestos miembros de la misma organización para hacer las denuncias. Un solo hecho demuestran la falsedad de esta denuncia, el Gobierno del estado de Oaxaca, por conducto de sus dependencias, jamás han liberado recursos por estos montos en ningún año desde el 2000, a favor de la Organización, por lo que resulta inverosímil dicha denuncia.
Sin embargo esta apreciación fue corroborada en una
reunión sostenida con el Secretario General de Gobierno
en Marzo de este año, cuando por la detención del
dirigente, Mafud Mafud quiso acusarlo de desviar recursos. Hasta
el día de hoy, ninguna denuncia a sido consignada por este
asunto y se evidencia que dichas informaciones fueron parte de
la estrategia del Gobierno para desacreditar a la Organización
y para justificar la detención del citado dirigente.
SIGUE REPRESIÓN CONTRA CATARINO TORRES
Recientemente el día 4 de junio del presente año,
nuestro compañero CATARINO TORRES PEREDA, fue detenido
nuevamente por agentes de la AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIONES
(AFI), dependientes de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA,
el delito supuestamente cometido es el de ATAQUES A LA VIAS GENERALES
DE COMUNICACIÓN. El monto de la fianza considerablemente
elevada casi $ 65,000.00 todo con el objeto de boicotear la movilización
del FRENTE NACIONAL EN DEFENSA DE LA SOBERANIA Y LOS DERECHOS
DEL PUEBLO, que se realiza el día de hoy 9 de junio en
esta ciudad capital.
LAS AMENAZAS DE MUERTE PROSIGUEN, CONTRA EL COMPAÑERO, LA INTIMIDACIÓN Y EL HOSTIGAMIENTO SUBSISTE CONTRA NUESTRO COMPAÑERO, A PESAR DE QUE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, EMITIO UNA MEDIDA CAUTELAR AL GOBIERNO DE JOSE MURAT, A FIN DE QUE SE LE GARANTICE SU INTEGRIDAD FÍSICA.
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